Los ecologistas rechazan la reapertura de la mina de Aznalcóllar por irregularidades y falta de seguridad

Cuatro grupos ecologistas presentaron ayer 11 alegaciones conjuntas contra la reapertura de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), solicitada por Boliden Apirsa a la Consejería de Industria. Los conservacionistas alegan numerosas carencias de información, irregularidades en el procedimiento administrativo y falta de informes completos de impacto ambiental. Pero sobre todo subrayan que no se ha demostrado que la antigua corta -donde se depositan los lodos tóxicos recogidos del Guadiamar- sea segura para almacenar los nuevos residuos que genere la actividad minera sin que haya filtraciones a los acuíferos. Y que tampoco se han tomado medidas para evitar que la balsa siniestrada vuelva a reventar.

Greenpeace España, SEO/Birdlife, WWF/Adena y Ecologistas en Acción presentaron su pliego de alegaciones a la documentación entregada por Boliden Apirsa, la minera sueca-canadiense dueña de la explotación de Aznalcóllar. Los papeles de la empresa para obtener permiso para la utilización de la llamada Corta de Aznalcóllar "como depósito de estériles procedentes del concentrador de minerales y la ampliación de escombreras" han sido sometidos a información pública en la Delegación de la Consejería de Industria. Los ecologistas solicitan que se rechace la petición por 11 motivos diferentes. "La documentación presentada por Boliden carece de valor para solicitar la reapertura de la mina", explicaron ayer en rueda de prensa. Boliden pretende que la antigua corta, una explotación gastada a cielo abierto, pueda ser utilizada para almacenar las gangas y los residuos químicos utilizados para separar la pirita de otros minerales inútiles extraídos de la llamada corta Los Frailes. También ha solicitado que se le deje utilizar parte del monte público Dehesa del Perro como escombrera. Paro industrial La explotación de Los Frailes esta parada desde el desastre y la minera pretende que se le dé permiso para volver a la actividad utilizando la vieja corta como sustituta de la balsa de residuos que reventó, que aún alberga el 80% de los residuos que contenía antes de la rotura. La viabilidad de la empresa y de los puestos de trabajo, así como unas ayudas europeas de más de 1.000 millones dependen de la reapertura. El pliego de cinco páginas de alegaciones presentado por los ecologistas supone un rechazo total a la reapertura tal y como la plantea Boliden. Según Guido Schmidt, de Adena, "el vertido que puso en jaque Doñana debe servir de precedente simbólico de los riesgos de la minería para que se extremen las precauciones". Los reproches al expediente presentado por la mina están divididos en tres bloques: 1. Alegaciones a la actividad minera en su conjunto: los ecologistas denuncian la ausencia de un estudio de impacto ambiental "en el que se evalúen las interacciones y los efectos ambientales globales de las actuaciones que Boliden Apirsa desarrolla en las minas". Este estudio debería recoger "un análisis global" que incluya el proceso industrial de extracción de metales de la pirita, la correcta identificación de los residuos que genera, su tratamiento y ubicación, "así como el futuro de la balsa siniestrada y de los lodos provisionalmente depositados en la antigua corta". Los alegantes inciden en la ausencia de una propuesta alternativa de producción limpia, "imprescindible en el caso de la mina de Los Frailes", debido su situación estratégica en la cabecera del río Guadiamar y uno de los principales aportes hídricos de las marismas de Doñana y del estuario del Guadalquvir. La tercera alegación destaca la carencia de datos sobre el futuro de la balsa siniestrada y el tratamiento de los residuos que quedan en ella, de forma que se garanticen "las condiciones de seguridad y aislamiento". En la actualidad, el espigón que dividía en dos la balsa rota ha sido eliminado y se ha estrechado el embalse con rellenos de arena y estériles para darle mayor seguridad. 2. Alegaciones al procedimiento. Boliden ha presentado dos estudios de impacto: uno sobre el uso de la corta y otro para la ampliación de la escombera, "incumpliendo el requerimiento de la administración ambiental de presentar un sólo estudio". Tampoco se han presentado alternativas al uso de la corta, como establece decreto 292/95 que reglamenta los estudios de impacto en Andalucía. Los ecologistas dicen que no se hace una distinción entre los residuos originados por la propia actividad minera y los resultantes "de la aplicación de técnicas físico-químicas de flotación al mineral molido para obtener concentrado metálico". Entienden que "los fangos líquidos" resultantes de este proceso son "residuos industriales y no mineros" de carácter "tóxicos y peligrosos". Serían esos lodos los depositados en la corta vieja. Vertedero La 7ª y 8ª alegación resaltan que Boliden no ha pedido la desafectación como suelo público de las 200 hectáreas de la Dehesa del Perro que quiere convertir en vertedero, y que tampoco tiene los informes preceptivos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el Instituto Tecnológico y Geominero y del Patronato del Parque Nacional de Doñana. La falta de estos tres dictámenes "supone un defecto formal de procedimiento que produciría la nulidad o su anulabilidad". El patronato se reúne precisamente hoy para decidir si da su visto bueno a la reapertura de la mina. 3. Alegaciones a la documentación. Los estudios de Boliden "no muestran con suficiente credibilidad la seguridad de la antigua corta hacia los acuíferos", ya que no se demuestra "la necesaria impermeabilidad de la capa de riolitas fracturadas [el tapón subterráneo de la corta]". La documentación de la empresa "reconoce desprendimientos en el talud oeste de la corta", admite que en sur "se han producido movimientos desde 1976, con derrumbamientos" y "menciona una grieta en el talud sur". Boliden prevé verter estériles sobre los lodos ya existentes en la vieja corta -hasta una cota de 38 metros sobre el nivel del mar- y cubrirlos con agua, hasta la cota de 50 metros. Luego se construiría un túnel que comunicaría ambas explotaciones, de forma que, cuando en el año 2016 se deje de utilizar Los Frailes, el agua que rebose de la corta vieja se deposite en la nueva una vez abandonada. "Este proyecto no es sostenible" porque a largo plazo subiría tanto el nivel de agua en las dos cortas que habría "inevitablemente filtraciones hacia el río Agrio", que afectarían al "Corredor Verde del Guadiamar, los parques Natural y Nacional de Doñana y el río Guadalquivir". Es decir, que no creen que la corta sea ni impermeable ni segura.