Tormenta europea

EL ENFRENTAMIENTO entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea a cuenta de las irregularidades descubiertas en algunos departamentos llega en el peor momento para los intereses españoles. Cualquiera que sea el desenlace del debate que tendrá lugar sobre esta cuestión la semana próxima en Estrasburgo, la Comisión, que preside Jacques Santer, va a salir debilitada, y esa Comisión es el mejor aliado de España ante las difíciles negociaciones sobre la financiación futura de la Unión Europea. Además, una crisis institucional sería especialmente inoportuna en pleno despegue del euro.La atribución de responsabilidades a varios comisarios, en particular el español Manuel Marín y la francesa Édith Cresson, parece ser más un pretexto que una razón para este enfrentamiento. Las acusaciones sobre mala gestión de algunos fondos comunitarios, nombramientos irregulares y corruptelas o fraudes en los servicios contratados bajo su responsabilidad tienen bases reales. Especialmente, aunque no sólo, en relación con programas nuevos, como los humanitarios o de ayuda al Este o al Mediterráneo. Pero salvo que se exhiban pruebas no mostradas hasta ahora, se trata de casos en los que se plantea un reproche a los comisarios por su falta de control del gasto o por el amiguismo en algunos nombramientos; no de la obtención de beneficios personales.

La Comisión se equivocó al cerrarse en banda al escrutinio parlamentario en diciembre pasado. Sus insuficientes explicaciones y su opacidad provocaron que el Parlamento Europeo se negara a aprobar la ejecución presupuestaria de 1996. Abría así la perspectiva de una moción de censura contra la Comisión en su conjunto, un castigo político que parece desproporcionado a la responsabilidad in vigilando de los comisarios. De aprobarse tal moción -por mayoría de dos tercios- el próximo jueves, el colegio de comisarios sería despedido y los Gobiernos deberían nombrar otro, en el que podrían repetir muchos de sus actuales miembros. Ésa es la única posibilidad prevista en el Tratado de la Unión Europea, que no contempla la hipótesis de censuras individuales que plantean los liberales, entre otros. La reprobación selectiva, en un órgano colegiado en el que cada cual conoce las debilidades del vecino, podría poner en marcha una caza general de los comisarios de un determinado color político por sus competidores ideológicos y liquidar la actual Comisión. Esto obligaría a buscar un nuevo presidente para los meses que le quedan de mandato al actual.

Lo absurdo del caso es que el Parlamento Europeo y la Comisión no están enfrentados respecto a las políticas básicas a seguir o a las partidas presupuestarias principales. Pero cualquier cosa es posible porque los grupos políticos están muy divididos. Marín se ha mostrado dispuesto a dimitir si fuera necesario, aunque no a hacer el juego a los intereses que se mueven tras este pulso. No parece ajena a lo que está ocurriendo la proximidad de las elecciones europeas de junio y las escaramuzas entre populares y socialistas en un momento de hegemonía del centro-izquierda, de donde proceden los comisarios puestos en la picota.

A las sempiternas críticas a la Comisión por parte de los conservadores británicos se unen ahora las de Alemania, y en particular de la oposición democristiana. Pero el propio Marín ha apuntado que también el Gobierno socialdemócrata de Bonn tiene interés en acreditar la imagen de una Comisión que malgasta el dinero para reducir su contribución al futuro presupuesto. Aunque es evidente que el triunfo de un voto de censura a la Comisión dificultaría en extremo la labor de la actual presidencia alemana del Consejo de la UE.

Santer ha hecho gala de su falta de liderazgo. Sería bueno sacar lecciones para la próxima Comisión y nombrar a su frente -en junio, para iniciar su mandato en enero del 2000- a una personalidad fuerte. Pero sólo desde una mayor transparencia y sometimiento al control presupuestario del Parlamento puede crecer la legitimidad democrática de un órgano como la Comisión, que es esencial para la vida comunitaria.