El español condenado a muerte en EEUU intenta conseguir otro juicio
Joaquín José Martínez, el español condenado a muerte en Estados Unidos por el asesinato de una pareja en 1995, interpuso ayer una apelación ante la Corte Suprema del Estado de Florida para que le otorgue un nuevo juicio o una rebaja de la sentencia. El recurso de 105 páginas aduce que hubo violación de las leyes de procedimiento, manipulación de pruebas y una representación legal deficiente que impidieron un juicio justo.
Su abogado actual, Peter Raben, desmintió rotundamente durante una entrevista con EL PAÍS en su bufete de Miami que haya testimonios de retractación que se puedan usar en su defensa. De hecho, el testimonio errático de un condenado a cadena perpetua, que primero acusó a Martínez ante los tribunales y luego escribió cartas retractándose, ni siquiera se menciona en la apelación ante la Corte Suprema de Florida porque "carece totalmente de validez al tratarse de un mentiroso sin ninguna credibilidad", recalcó Raben, conocido como uno de los letrados más prestigiosos del sur de Florida. Tampoco figuran en el recurso declaraciones fuera del tribunal de la esposa arrepintiéndose de haber testificado contra él por celos. Sloanne Milliam ha manifestado que temía retractarse legalmente porque podía ser acusada de perjurio. Ella sostuvo al iniciarse el proceso que su marido le había confesado su culpabilidad. En un juicio sin pruebas periciales ni evidencias materiales ni testigos del crimen, la sentencia a muerte se basó sólo en los testimonios de quienes alegaron haber escuchado a Martínez decir que era culpable.El 29 de enero de 1996 Martínez fue detenido por los agentes del sheriff del condado de Hillsborough, en Tampa, Florida, acusado del asesinato de Douglas Ray Lawson y su novia Sherry McCoy. Según la condena posterior del jurado, Martínez se presentó en la casa de ambos para cobrar una deuda y se enzarzaron en una pelea que acabó a tiros con él y a puñaladas con ella. Martínez, que está en el corredor de la muerte de la prisión estatal de Starke en Florida, siempre ha mantenido su inocencia y dice que "no quiere clemencia sino justicia". En lo que se fundamenta la petición de un nuevo juicio es en los presuntos fallos procesales del juez y argumentos falsos de la acusación, como por ejemplo el que hizo el fiscal Nick Cox cuando intervino por última vez ante el jurado diciendo que "quizá los asesinatos no hubieran tenido lugar en esa fecha" (27 de octubre de 1995).
Eso anulaba la coartada de Martínez y confundió al jurado. "Era como perseguir un objetivo en movimiento", afirma Raben. Según él, lo peor fue que el abogado que lo defendía entonces, Thomas Fox, no objetó ni ése ni otros argumentos decisivos para la inocencia de Martínez.
Las leyes de Florida prohíben que los jueces no instruyan debidamente a los jurados sobre lo que son pruebas admisibles y descartables; prohíben que se presenten por sorpresa pruebas o testigos, y prohíben que los fiscales mientan al jurado sobre los hechos.
Pero eso es exactamente lo que ocurrió durante el juicio de Martínez en abril de 1997, según la apelación presentada ayer. El juez Roger Padgett se olvidó de informar a los jurados que las transcripciones escritas de una cinta de vídeo "no son evidencias admisibles", y el abogado Tom Cox no lo objetó.
En el juicio se presentó como prueba crucial un vídeo que la policía grabó con consentimiento de la esposa de Martínez en el que ella le decía frases incriminatorias, pero en el que no se escuchaban respuestas incriminatorias. Sin embargo, la transcripción refleja alrededor de 300 comentarios de Martínez, cuando en la realidad no se escuchan más de un centenar. Y como el vídeo era inaudible, el juez permitió que los jurados se fiaran de la transcripción.
En ella se "fabricaron", en palabras de Raben, comentarios tales como Martínez pidiéndole a Sloanne que le sirviera como coartada; otros en los que ella le pregunta "¿lo mataste?" y él le responde "sí"; o cuando ella le dijo que tenía aspecto de culpable y él contestó "ya lo sé".
En otro apartado del recurso de apelación se detallan diversas irregularidades de procedimiento cometidas por el juez, como el no advertir a los testigos que legalmente el acusado no tiene que demostrar su coartada "más allá de un duda razonable", a diferencia de la acusación que sí tiene que probar la culpabilidad "más allá de una duda razonable". El abogado Cox no presentó objeciones.
