La vieja canción de Pujol

¿Es verdad que los ciudadanos de Cataluña disponen de menos dinero para servicios públicos que los del resto de España? ¿Tiene razón Jordi Pujol cuando afirma que la Generalitat debería recibir 400.000 millones de pesetas más del Gobierno central? ¿Cuál es la razón por la que el Gobierno catalán aumenta su endeudamiento cada año en 170.000 millones de pesetas?Desde hace años, estas tres cuestiones de naturaleza básicamente distinta aparecen sistemáticamente mezcladas en los análisis sobre la realidad económica catalana. El resultado ha sido una gran confusión que impide saber en cada momento de qué se está hablando.

Para sintetizar: una cosa es averiguar si el conjunto del gasto público en Cataluña (Gobierno central, autónomo y corporaciones locales) es suficiente; otra, si los recursos de una parte del Estado (la Generalitat) son los adecuados, y una tercera, cómo gestiona el Gobierno catalán los dos billones de pesetas que administra. Son, pues, problemas claramente distintos, que tienen responsables distintos y que merecen análisis distintos. Por cierto, que también corresponden a elecciones distintas.

Jordi Pujol, sin embargo, sitúa estos tres aspectos en un único escenario con un único responsable, el Gobierno de Madrid. Y una única lógica. Si el Estado gastara todo lo que debe en Cataluña, la Generalitat tendría los recursos que necesita y además no tendría que endeudarse. Esta respuesta tiene la gran ventaja de exonerar al Gobierno catalán de toda responsabilidad política. Volvamos a las tres preguntas. La primera cuestión plantea si los ciudadanos de Cataluña reciben menos recursos para servicios e inversiones públicas que los del resto del Estado.

Según el profesor Antoni Castells, en 1994 Cataluña aportaba el 19,3% de todos los impuestos recaudados por el Estado y recibía en torno al 13,7% del gasto público. Para situar las cosas hay que recordar que aquel año Cataluña generaba el 19% del producto interior bruto (PIB) de España y que la población catalana representaba el 15,6% del total. Es decir, los ciudadanos de Cataluña pagaban de forma bastante ajustada a su nivel de renta (pagan el 19,3% de los impuestos y producen el 19% del PIB); en cambio, recibían menos recursos de lo que les correspondía según la población (reciben el 13,7% del gasto público para una población que representa el 15,6%).

La regla que propone Castells, que es comúnmente aceptada por otros economistas, consiste en pagar los impuestos en proporción a la renta y recibir el gasto público en función de la población. Es decir, los ciudadanos de Cataluña pagarían aproximadamente el 19% de los impuestos del Estado y recibirían el 15,6% de todo el gasto público.

La diferencia entre lo que pagan y reciben los ciudadanos de un territorio es el llamado saldo o déficit fiscal. Es lógico que Cataluña, que tiene más renta, tenga un saldo fiscal negativo con el resto del Estado. Aplicando la citada regla a la situación del año 1994, el saldo fiscal de Cataluña a favor del Estado debería haber sido de unos 282.617 millones de pesetas. Pero fue mucho mayor. Según el estudio de Esther Martínez, fue de unos 734.000 millones. Según un trabajo del European Policies Research Centre, en 1993 fue de unos 620.000 millones.

El problema no es que Cataluña tenga un saldo fiscal negativo en sus relaciones con el Estado, sino que este saldo fue excesivo en unos 400.000 millones. Si se tiene en cuenta el criterio europeo, es decir, el saldo fiscal medio entre las regiones europeas dentro de cada Estado, Cataluña tendría un saldo fiscal excesivo en unos 250.000 millones de pesetas.

La respuesta a esta primera pregunta parece bastante clara. El gasto del Estado en Cataluña es menor de lo que le correspondería. Este menor gasto es especialmente sensible en la dotación de infraestructuras. El último estudio realizado por Montserrat Escardó revela que Cataluña sólo ha recibido el 9% de las inversiones del Estado entre 1987 y 1996. En pesetas por habitante, Cataluña recibió el 63% de la media de España. La deficiencia es clara y la responsabilidad corresponde básicamente al Gobierno central. Pero no se puede olvidar que durante los últimos cinco años el Ejecutivo se ha mantenido con los votos nacionalistas, lo cual implica también una cierta responsabilidad en la falta de inversiones.

¿Son suficientes estos datos? Son las cifras de los expertos, que sin duda habría que completar con datos oficiales elaborados con la participación de todas las administraciones. Si el Gobierno hubiera cumplido la petición del Congreso de publicar los datos de los flujos fiscales entre los distintos territorios, seguramente el panorama sería menos confuso.

La segunda cuestión es si la Generalitat cuenta con los ingresos suficientes para financiar los servicios que presta. Según Pujol, está claro que no. Pero esta insuficiencia de recursos tiene mucho que ver con la forma en que se inició la descentralización del Estado y mucho más recientemente el triunfalismo con que se vendieron los pactos con el PP. Al principio Pujol aplicaba la política de conseguir el mayor número posible de transferencias sin atender a su contenido ni a su dotación económica. Estas prisas significaron que en muchos casos los servicios transferidos arrancaron con una financiación a todas luces insuficiente.

La insuficiencia de recursos se ha agravado por propia iniciativa de la Administración catalana. Pujol se ha encontrado con menos recursos de los previstos al fallar sus expectativas de ingresos por la participación en el IRPF. Sus pronósticos de ganar 400.000 millones de pesetas con el nuevo sistema se han venido abajo. El consejero de Economía, Artur Mas, reconocía recientemente en un artículo que el descenso de la recaudación por IRPF tendría un impacto menor para la Generalitat por las modificaciones introducidas en el acuerdo de financiación. Es decir, ya no se trataba de ganar más, sino de perder menos.

Esta errónea planificación de los ingresos se llevó a los mismos presupuestos. Los ingresos previstos por la participación en el 30% del IRPF en los Presupuestos de 1997 y 1998 ascendían a 804.000 millones de pesetas en conjunto. Sin embargo, las posteriores previsiones de recaudación han rebajado esta cifra a 732.000 millones, es decir, a 72.000 millones menos, según la profesora Núria Bosch.

Pujol ha resultado un mal negociador, todo lo contrario a aquello de lo que ha presumido, al no prever la posible caída de recaudación del IRPF, tal como en 1996 advirtió repetidamente en la Cámara el senador socialista Lluís Armet.

De vez en cuando trascienden datos escalofriantes. El despliegue a un ritmo acelerado de los Mossos d'Esquadra, por ejemplo, ha generado una "deuda acumulada" de 120.000 millones de pesetas al no disponer de la correspondiente financiación, según reconoció el consejero Artur Mas. Una cifra asombrosa que duplica los 70.000 millones que conforman la ya abultada deuda de la Corporación Catalana de Radiotelevisión.

En cualquier caso, es difícil imputar exclusivamente a la Administración central el mayor coste de los Mossos, derivado en buena parte de unos salarios superiores en un 20% a los del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil que han sustituido. El Gobierno de Pujol tiene, pues, también una parte importante de responsabilidad en la falta de recursos para realizar los servicios que son de su competencia.

Pero las sorpresas no se limitan al sobrecoste de los Mossos. El último episodio de ingeniería financiera ha sido la financiación de las obras públicas. Resulta que las dos obras públicas más emblemáticas de la Generalitat, el Eix Transversal que une Lleida con Girona y la autopista libre de peaje Granollers-Mataró, inauguradas en repetidas ocasiones, tramo a tramo, por los consejeros de turno y el propio presidente, y conmemorado su primer aniversario hace pocos días, no han sido costeadas por la Generalitat. El pasado septiembre se deslizó en el BOE un real decreto por el que se aportaban 42.000 millones de pesetas de Fomento para financiar estas obras, tras considerarlas "obras viarias de interés general".

Donde la responsabilidad es sin duda de Pujol es en la gestión de los dos billones de pesetas de sus presupuestos. La Sindicatura de Cuentas se ha encargado de subrayar la incapacidad de Pujol para cuadrar sus propias cuentas. En 1995, el último año auditado, el déficit ascendió a 80.000 millones de pesetas, el doble de lo previsto.

Pero la parte más inquietante está en la deuda. Pujol ha emprendido una fuga hacia adelante, hasta situar la deuda de la Generalitat en 1,5 billones de pesetas, según cifras del Banco de España. Con las deudas a proveedores y los compromisos de otros organismos, varios analistas sitúan la deuda global en dos billones. En 1996 y 1997, la deuda aumentó a un ritmo de 170.000 millones anuales. En los seis primeros meses de este año ha crecido 100.000 millones más. ¿Quién es el responsable de este endeudamiento? ¿Con qué modelo de ingeniería financiera se pagará todo? ¿Quién lo pagará? No será con los tributos propios de la Generalitat, que ascienden sólo a 13.000 millones, una cifra inferior a la de 1992.

Ahora, al inicio de un largo proceso electoral, Pujol ha vuelto a tocar la vieja canción. La de la falta de recursos, la de la asfixia fiscal, para sacar una conclusión, y es que necesita más dinero para su Administración. Empleando su propio lenguaje, habría que entonar un "ahora no toca, presidente".

La época electoral es el momento de realizar las pruebas o exámenes sobre la gestión realizada durante la legislatura, que es como el curso académico. Pujol, una vez más, todo lo mezcla para poner en tela de juicio las condiciones o las preguntas del propio examen.