Un juez imputa al concejal Narváez un supuesto delito de coacciones

El juez Adolfo Fernández Oubiña ha imputado a cinco personas en la causa abierta contra el concejal del distrito de Sant Martí de Barcelona, el socialista Francesc Narváez, por los presuntos delitos de cohecho y coacciones. Además de Narváez y el gestor José María Serena, el titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Barcelona ha imputado al jefe de ingenieros del distrito de Sant Martí, Javier M., y los asesores jurídico-empresariales Josep Antoni B. y Salvador C. H. Los cinco han sido citados a declarar el próximo lunes como imputados, según una providencia notificada ayer por el magistrado. Además, el juez ha requerido a la fiscalía que le remita las investigaciones que llevó a cabo en relación con una denuncia presentada contra el concejal Narváez por éste y otros hechos similares, según ha explicado Máximo Godó, abogado del denunciante, el empresario Alejandro Rullán. El juez ha decidido admitir a trámite la querella e investigar los hechos porque pueden ser constitutivos de coacción y cohecho, según hace constar en una resolución. El empresario ha denunciado que en otoño de 1997 varias personas que decían hablar en nombre del concejal, entre ellas una que dijo ser tío de éste, se presentaron ante Rullán y le pidieron un millón de pesetas si quería obtener la licencia municipal de actividades para abrir un café-teatro en el distrito. El querellante afirma que no pudo abrir finalmente el local proyectado en la barcelonesa calle de Nàpols, en el que había invertido un capital importante para adecuarlo a las normas municipales. El escrito de la querella apunta que poco después de la exigencia del pago de un millón de pesetas, los servicios del distrito comunicaron a Alejandro Rullán que la licencia le había sido denegada "aduciendo motivos insubsanables", que el querellante considera inexistentes. En relación con este caso, el alcalde de Barcelona, Joan Clos, manifestó ayer su confianza en el concejal.