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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

De mesa a mesa

EL "LEHENDAKARI" Ibarretxe se dispone a entrevistarse con todas las fuerzas parlamentarias vascas con vistas a la constitución de un foro de diálogo que sustituya a la Mesa de Ajuria Enea y en la que esté presente Euskal Herritarrok (EH). El portavoz de esta formación, Arnaldo Otegi, calificó ayer de "juego sucio" la eventual concesión a los miembros de la anterior dirección de HB, encarcelados desde hace un año, del tercer grado penitenciario y exigió su liberación inmediata. El portavoz del PNV, Joseba Egibar, calificó de "provocación" la política penitenciaria del ministerio del Interior y auguró el ingreso de Euskadi como nuevo Estado de la Unión Europea en unos pocos años. Como dicen los de Gomaespuma, "así está el tema".La aplicación del tercer grado a la anterior Mesa Nacional de HB es una medida razonable. No es cierto que fueran condenados, como pretende Otegi, por defender con la palabra una alternativa de democracia y de paz", sino por colaboración con banda armada. Es decir, por un delito comparable al que colabora mediante la donación de su dinero a los fines de un grupo dedicado a secuestrar y asesinar. Considerar una "alternativa democrática y de paz" a la utilizada por ETA para justificar esos crímenes es falsificar hasta el absurdo el significado de las palabras. Otra cosa es que la sentencia pueda considerarse demasiado severa: siete años para los 23 miembros de la dirección supone una condena total de 161 años. La nueva situación creada por la tregua de ETA ofrece un marco favorable para aligerar esa dureza sin vulnerar la legalidad. Pero es una posibilidad, no un derecho de los reclusos o una obligación del Gobierno.

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La concesión del tercer grado a los condenados por el secuestro de Segundo Marey, tras el indulto que ha reducido sus penas, también favorece la concesión de beneficios penitenciarios a los ex dirigentes de HB. Lo que no tiene sentido es denunciar a la vez el agravio y la posibilidad de remediarlo. Pero ésa parece ser la línea de los nuevos dirigentes: la del desbordamiento. Exigir algo y considerar una ofensa, por insuficiente, su concesión. El acercamiento de presos condenados por crímenes terribles era una exigencia para "humanizar el conflicto". Pero su concesión fue sólo el motivo para convocar una manifestación "contra la vulneración de los derechos de los presos vascos". Parece claro que ésa será también su estrategia en el foro que trata de constituir Ibarretxe. Pocas dudas quedan de que la liquidación de la Mesa de Ajuria Enea fue una de las exigencias de ETA-HB a los nacionalistas que firmaron con ellos el acuerdo de Estella. Tal como están las cosas, sería poco realista intentar recuperarla dejando fuera a HB. Pero aún más absurdo sería tratar de sustituirla por un pacto de Estella ampliado con los partidos constitucionalistas.

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Ibarretxe ha lamentado que el rechazo del plan Ardanza por el PP y el PSOE retrasara el inicio del proceso de pacificación y ha ofrecido ese plan como marco adecuado para integrar a todas las fuerzas en un nuevo foro. Es dudoso que ETA hubiera acordado la tregua si los partidos constitucionalistas hubieran aceptado de entrada la propuesta de Ardanza. En todo caso, una vez que la tregua existe, carece de sentido la discusión sobre si era necesario o no un incentivo político para que ETA decretara un alto el fuego indefinido, pero a estas alturas tampoco caben demasiadas dudas de que para ETA y HB la paz tiene un precio: la denuncia del Estatuto y la apertura de un proceso constituyente que abra paso al programa máximo nacionalista. El foro podrá ser nuevo, pero el problema permanece. Ibarretxe tendrá que plantearse si sigue vigente lo sustancial de Ajuria Enea: que haber matado no da derecho a contrapartidas políticas por dejar de hacerlo.

El nuevo foro puede ser un marco adecuado para hacérselo entender a Otegi y compañía, pero para ello sería conveniente que Egibar y demás dirigentes nacionalistas democráticos dejasen de difundir fantasías como la de la decimosexta estrella de la UE, y de considerar como un derecho inalienable la realización del programa máximo nacionalista. Así está el tema.

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