Sociedad de oportunidades, igualdad de oportunidades

En el marco del viraje hacia el centro de su mensaje político, el PP ha adoptado, entre otros, el lema de la "sociedad de oportunidades". Parece que lo que con él quiere expresarse, en la interpretación más favorable, es la voluntad de crear en el país una sociedad en la que puedan desarrollarse las iniciativas en el terreno económico, social o cultural en mayor medida que hasta ahora, de manera que existan posibilidades más amplias de desarrollo personal. Característico de lo que ahora se llaman "terceras vías", la idea de la sociedad de oportunidades atribuye a las relaciones sociales y al impulso individual el papel protagonista del desarrollo, de manera que la función del Estado, que ya no puede garantizar un bienestar ilimitado, se ciñe a generar y mantener las condiciones propicias para que esas oportunidades sociales existan y puedan ser aprovechadas. Sin duda, en este sentido, es una idea atractiva y propia de nuestro tiempo. Ahora bien, un mensaje tan conciso y tan abstracto debe ser objeto de precisiones para su traducción a la acción política, pues de lo contrario puede perder toda credibilidad. A mi juicio, la primera de las precisiones debe hacerse respondiendo a la siguiente pregunta: ¿oportunidades para quién? Pues lo cierto es que la sociedad no crea espontáneamente oportunidades para todos y por eso el Estado no puede declinar toda la responsabilidad en el cuerpo social, sino que debe mantener un compromiso activo, mediante las políticas adecuadas. De ahí que en los programas de aquellas nuevas "terceras vías", como el de los laboristas británicos, se ponga el énfasis en las políticas públicas destinadas a establecer las bases del desarrollo personal para todos. Es decir, la educación ante todo, y también la sanidad y la integración social. Dicho de otra manera, la idea de la sociedad de oportunidades tiene poco sentido sin referencia a otra mucho más clásica, más concreta y más comprometida, esto es, la igualdad de oportunidades.

Ocurre, sin embargo, que si se analiza la práctica política del PP en los últimos años, surgen muchas dudas acerca de su compromiso con la igualdad de oportunidades. No ya sólo por las carencias que existen en el terreno de la política educativa o por las incertidumbres que crean las reformas sanitarias en marcha, sino sobre todo por actitudes muy generalizadas en los gobiernos y administraciones que dirige.

Si de oportunidades se habla, no puede desconocerse que las de muchos ciudadanos dependen de sus relaciones con la Administración. El conjunto de las administraciones públicas da empleo, en efecto, a más de dos millones de personas, por lo que son muchas las que buscan su futuro -su oportunidad- en las oposiciones y concursos. No sólo eso. La magnitud y la capacidad de decisión del sector público sigue siendo considerable, de forma que la actividad de muchas empresas y de muchos profesionales depende en todo o en parte de la posibilidad de contratar con la Administración. En otros casos, la suerte de una empresa o de una iniciativa económica depende de la aprobación de un plan de urbanismo, del otorgamiento de la licencia de edificación; o bien, por poner ejemplos más concretos, de la concesión de una emisora de radio o de la licencia de apertura de un establecimiento o de la asignación de una ayuda o subvención pública. La Administración no es un mundo aparte, sino que se inserta en la propia realidad social de la que se predica la necesidad de creación de oportunidades. La misma idea es aplicable a la actividad administrativa.

De las informaciones de prensa, debates y tertulias, de la experiencia personal y profesional de muchos, se deduce, por el contrario, que el respeto a la igualdad de oportunidades en las administraciones públicas es un valor francamente en baja. Parece más bien que nos hemos instalado en un sistema opuesto, en el que prima cada vez más el clientelismo político y el amiguismo en la resolución de oposiciones y concursos, la adjudicación de contratos públicos, la recalificación de suelo para urbanizar o la concesión de licencias y subvenciones de todo tipo. Incluso en alguna Comunidad Autónoma, como Galicia, la generalización de estas prácticas ha dado origen ya a un amplio movimiento de protesta entre los intelectuales y en los medios de comunicación. Pero, desgraciadamente, no es un caso aislado. Casi podría decirse, más bien, que se viene produciendo paulatinamente y a estos efectos una especie de galleguización de las prácticas de otras muchas administraciones. Dicho sea con el mayor respeto y admiración por quienes en y desde Galicia luchan contra esta lacra.

Existe, por lo demás, ante este problema la tentación de escurrir la responsabilidad aludiendo a que todos los partidos participan y han participado de esas debilidades. Ciertamente, tampoco la igualdad de oportunidades ante la Administración ha sido seña de identidad de gobiernos, centrales, autonómicos o locales, de los que cabría haber presumido un mayor compromiso con esta idea. Sobre todo desde que se difundió y aceptó tácitamente aquella peregrina "doctrina" oficiosa según la cual "después de tantos años de aprovecharse las derechas, es lógico que se aprovechen las izquierdas". (¿Se acuerdan?). La cuestión, no obstante, no puede quedar en el terreno de las diatribas entre partidos, pues la igualdad de oportunidades, aparte de constituir un verdadero derecho fundamental que algunos parecen excluir de la lista, es hoy una demanda social que se dirige a todos.

Un partido que apela a la "sociedad de oportunidades" -lo que es elogiable- debe mirar ante todo la viga en el ojo propio y adoptar las medidas que remedien el problema. Porque no se trata de un problema insoluble ante el que sólo quepa resignarse, sino que se pueden y deben adoptar medidas, como las que existen en otros países. Por ejemplo, confiar las resoluciones de concursos, oposiciones, adjudicaciones de contratos, licencias y otras decisiones a órganos estrictamente técnicos, bajo su exclusiva responsabilidad; mejorar el acceso a la justicia y a los procesamientos judiciales de control (y al efecto los jueces pueden aportar su grano de arena, sobre todo mediante el uso de medidas de suspensión de las decisiones sospechosas), regular con mayor claridad un régimen de sanciones para quienes vulneran la igualdad ante la ley... y tantas otras.

¿Sociedad de oportunidades? Naturalmente. Pero sobre la base de la igualdad y empezando por el sector público. Éste sí que sería, en nuestro país, un gran proyecto político.