Agria sesión para aprobar la polémica ley de Acompañamiento de los Presupuestos catalanes

La incertidumbre sobre el adelanto electoral acumulada durante los últimos meses provocó que el pleno del Parlamento catalán convocado in extremis para aprobar el proyecto de Ley de Acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat para 1999, registrara ayer una fuerte tensión, que finalmente superó el trámite parlamentario. La oposición acusó a la coalición de Gobierno, CiU, y a su líder Jordi Pujol, de "abuso y menos precio" del Parlament por convocar un pleno sin respetar los plazos previstos en el reglamento y poder así aprobar la ley antes de fin de año después de que el Consejo Consultivo de la Generalitat obligara al Ejecutivo a modificar cuatro puntos del proyecto de ley por inconstitucionales.

El PSC e Iniciativa per Catalunya (IC) habían impugnado la convocatoria del pleno y al ser rechazada la i por la Mesa, anunciaron que pedirían amparo al Tribunal Constitucional por la vulneración de la norma parlamentaria.

La mayoría formada por CiU y el PP permitió que fueran rechazadas las enmiendas a la totalidad presentadas por PSC, IC y Esquerra Republicana (ERC). Posteriormente comenzó el debate al articulado de la ley, cuyo contenido modifica hasta 25 leyes diferentes. La oposición ha criticado duramente que el Gobierno catalán haya aprovechado la aprobación de la Ley de Acompañamiento para introducir modificaciones legales que exigirían un debate a fondo.

Pujol había repetido en varias ocasiones que no anunciaría la fecha de las elecciones catalanas hasta que estuvieran aprobados los Presupuestos de 1999 y su Ley de Acompañamiento. La aprobación de esta última se había retrasado dos semanas por que el PSC e IC habían pedido un dictamen del Consejo Consultivo de la Generalitat para que se pronunciara sobre la constitucionalidad de la ley. Finalmente, ese órgano entregó anteayer su resolución en la que ponía objeciones a cuatro de sus aparta dos.

En el debate de la ley intervinieron los máximos dirigentes parlamentarios de PSC e IC, Joaquim Nadal y Rafael Ribó, respectivamente. Nadal acusó al Ejecutivo de Pujol de "haber hecho cosas impropias de un Gobierno" al convocar el pleno del Parlamenta las 24 horas de recibirse el dictamen sobre la ley y sin dar siquiera tiempo a la oposición a conocer las enmiendas presentadas por los distintos grupos en relación a los puntos que debían modificarse. "Ustedes han abusado de este Parlamento y han reducido de forma ilegítima su capacidad como poder legislativo, creando además inseguridad jurídica", dijo. Ribó acusó a Pujol de haber empujado a su grupo "a violentar el reglamento" por intereses partidistas.