Indulto y política

Una de las peculiaridades del estilo de gobierno de Aznar ha sido la politización de la justicia por omisión. El caso Pinochet es el ejemplo más claro. Con el argumento del respeto a las decisiones judiciales, Aznar ha evitado pronunciarse sobre un tema políticamente ineludible y ha preferido reducir la función del Gobierno a simple cartero de la petición de extradición antes que asumir una decisión que probablemente rechaza parte de su electorado. Esta forma de cobardía política (contraria, a mi parecer, al criterio de explicación activa que debería presidir la acción de todo dirigente democrático) vuelve a utilizarse en el caso del indulto a los condenados por el caso Marey. El Gobierno argumenta que se limita a aplicar lo que el Tribunal Supremo ha propuesto. Lo cual es una manera de eludir sus responsabilidades y de sembrar la confusión sobre el papel de cada cual.Desde el momento en que la propuesta de indulto llega al Gobierno, la Justicia ha desaparecido de la escena. Estamos ante un acto estrictamente político. La medida de gracia, una herencia de los privilegios teocráticos de las monarquías predemocráticas que confirma la pervivencia de lo teológico-político en los Estados modernos, es una facultad, que el Gobierno ejerce en nombre del Rey, perfectamente arbitraria y sin ningún condicionamiento. La gracia es una forma de capricho real que las Constituciones democráticas tratan de vestir lo mejor que puedan para que la política llegue donde la Justicia se detiene. De modo que el Gobierno no puede cargar sobre la Justicia las consecuencias políticas que del uso de la gracia se deriven.

Desde hace tiempo el Ministerio del Interior ha sido de la opinión de que Barrionuevo, Vera y los demás tenían que salir de la cárcel antes de que empezara a salir algún preso de ETA. Opinión que no era compartida por otros sectores del entorno directo de Aznar, que hablaban incluso de la próxima legislatura. En realidad, pensaban que el Tribunal Supremo no se pronunciaría en favor del indulto, es decir, que les resolvería, una vez más, la papeleta.

El indulto no eleva precisamente el prestigio de la política: que los condenados del GAL se cuelen de golpe en el primer renglón de la lista de presos en espera de medidas de gracia acentúa la sospecha de que en la clase política funcionan los reflejos gremiales, de que cierta conciencia de casta les impide aceptar que uno de los suyos tenga que sufrir las mismas servidumbres que un delincuente callejero. Y abre el discurso del agravio comparativo en el frente vasco, como ya ha hecho notar Iñaki Anasagasti pidiendo la liberación de la Mesa Nacional de HB. La combinación entre indulto al GAL y acercamiento de presos a la Península, que entre el nacionalismo vasco se ha presentado como una provocación, redoblará la presión nacionalista sobre el Gobierno en favor de los militantes de ETA encarcelados. El indulto entra inevitablemente en el tira y afloja de la negociación de la tregua, por más que el PSOE rechace de plano esta simetría. De hecho, con sus misas de Guadalajara y sus presiones al Gobierno (amenazas extraparlamentarias incluidas) ha contribuido eficazmente a poner a los GAL en la balanza de las compensaciones.

Dicen que con Barrionuevo y Vera en libertad Borrell tendrá mucho más margen de maniobra para afrontar de verdad una nueva etapa socialista. ¿Por qué Aznar sería entonces tan generoso con sus adversarios? Aznar entiende que hay un amplio sector de opinión -incluso dentro de su partido- al que le costaría asumir negociaciones con ETA sin haber resuelto antes este tema. Pero Aznar sabe además que puede permitirse este gesto. Porque el tema no está resuelto. Porque quedan otros casos pendientes, entre ellos el de fondo reservados, para seguir manteniendo al PSOE en estado de espera. Con lo cual el indulto le puede salir políticamente gratis.

Atendiendo a la nueva situación de Euskadi, las razones del Supremo para pedir el indulto parcial parecen irreprochables. Los hechos son muy lejanos, sus autores no pueden reincidir y el GAL se disolvió hace diez años. Por eso resulta grotesco que el Gobierno lo asuma de modo vergonzante y que se haga en unas condiciones que no son precisamente un ejemplo de igualdad de los ciudadanos ante el poder.