Manoseos partidistas

La elección de Pedro Cruz Villalón como presidente del Tribunal Constitucional cierra un período de diez meses marcado por la interinidad y la incertidumbre. Este prestigioso catedrático de Derecho Constitucional ha demostrado su competencia como jurista con sus trabajos de investigación y su independencia como magistrado con sus sentencias y votos particulares. Ahora deberá proteger al tribunal de la instrumentalización partidista, defender a sus miembros de los linchamientos mediáticos, propiciar las reformas adecuadas para filtrar la avalancha de recursos de amparo y dirigir los trabajos del intérprete supremo de la Constitución iniciados por sus dos inolvidables predecesores García Pelayo y Tomás y Valiente.La intolerable tardanza del PP y el PSOE a la hora de ponerse de acuerdo sobre los cuatro magistrados que el Senado debía elegir para la renovación parcial del Tribunal Constitucional había retrasado también la designación del nuevo presidente. Antes de pasar a Cruz Villalón el testigo presidencial, Álvaro Rodríguez Bereijo ha subrayado la necesidad de una reforma de procedimiento capaz de impedir la repetición del lamentable espectáculo deparado en esta ocasión por la Cámara Alta. La Constitución exige una mayoría cualificada de dos tercios para el trámite de designación parlamentaria -a medias por el Congreso y por el Senado- de ocho de los doce magistrados que componen el Alto Tribunal; el Consejo General del Poder Judicial y el Gobierno -también por mitad- nombran a los otros cuatro jueces. Ese alto grado de consenso ofrece la ventaja de imposibilitar que un partido en solitario imponga sus candidatos por mayoría simple; sin embargo, el mecanismo tiene el inconveniente de que puede quedar indefinidamente bloqueado -como ha ocurrido en esta ocasión- si los grupos parlamentarios cuyo concurso resulta indispensable para sumar la mayoría cualificada no llegan a entenderse.

La humillante demora impuesta por el PP y el PSOE a la Cámara Alta mantuvo en una incómoda situación de interinidad durante casi un año a los cuatro magistrados salientes, incluido el presidente del tribunal. Además, el método de negociación adoptado por el PP y el PSOE convirtió al Parlamento en un zoco: los candidatos propuestos o rechazados por cada partido fueron utilizados como monedas de cambio para tantear al adversario y calcular las propias fuerzas. Esas técnicas de regateo propias de tratantes de ganado no sólo erosionan la reputación profesional de los candidatos sino que siembran las dudas sobre la independencia de los elegidos respecto a la disciplina partidista: si no se toman a tiempo las medidas oportunas, la composición del Constitucional se irá progresivamente empobreciendo por la negativa de los candidatos mas valiosos a ser manoseados por los feriantes.

Mientras los partidos socavan el prestigio del Tribunal Constitucional con ese indigno baratillo, el Gobierno y la oposición tratan de invadir su ámbito de autonomía cuando andan en juego conflictos directamente relacionados con sus intereses políticos. Si los populares presionaron en anteriores ocasiones de manera indecente sobre los magistrados, los socialistas hostigan ahora al Constitucional -después de haberlo hecho con el Supremo- a cuenta de los recursos interpuestos por Barrionuevo y por Vera contra la sentencia del caso Marey; pese a que su petición de amparo fue admitida a trámite, el ex ministro Barrionuevo -decepcionado por no haber conseguido también la suspensión de la ejecución de la condena- descargó su furia sobre el intachable presidente saliente Rodríguez Bereijo, ensuciándole con la torpe insinuación de haber actuado bajo promesa de algún nombramiento del Gobierno del PP ("Los Sábados", Tiempo, 21-12-1998). Los nacionalistas firmantes de las Declaraciones de Barcelona, Vitoria y Santiago han dado un paso más en esa estrategia deslegitimadora del Constitucional, responsabilizándole de una interpretación sesgada del Título VIII orientada a frenar las reivindicaciones autonomistas y a imponer una estructura centralista del poder del Estado: la elección ayer del catalán Carles Viver Pi-Sunyer como vicepresidente del Alto Tribunal tal vez contribuya a deshacer esos injustificados recelos.