Un informe de expertos propone descentralizar la justicia en Cataluña para hacerla más eficaz

La justicia es actualmente un servicio centralizado y opaco en sus decisiones, pero tiene arreglo si se descentraliza en todos sus ámbitos, si se acerca más al ciudadano y si se aumentan las actuales y escasas competencias de la Generalitat. Ésa es la opinión que expone un grupo de expertos en el primer informe sobre el poder judicial que se realiza en Cataluña. La obra no se limita a constatar la realidad actual, como ocurrió en su día con el llamado Libro Blanco de la Justicia, sino que propone medidas para modernizar y hacer más eficaz y ágil este servicio público.

El informe Pi i Sunyer sobre la justicia a Catalunya fue presentado ayer en la Fundación Carles Pi i Sunyer de Estudios Autonómicos y Locales, la entidad que promovió la iniciativa. Jaume Galofré, responsable de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Barcelona, ha sido el director de la obra, de 666 páginas y en cuya redacción han participado 59 juristas. Entre los autores figuran el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Guillem Vidal; el presidente de la fundación, Àngel García Fontanet, y el juez decano de Barcelona, Joaquim Bayo. Al acto de ayer también asistió Ernest Maragall, patrón de la fundación y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona. El libro constata que la justicia no ha experimentado la misma modernización que cualquier Administración pública y propone varios frentes de actuación. Uno de ellos es que la Generalitat aumente las escasas competencias que tiene en materia de justicia. La obra explica que las sentencias dictadas en los últimos años por el Tribunal Constitucional han vaciado de contenido las previsiones del Estatut. De esta forma, la Administración autonómica ni siquiera puede delimitar el ámbito territorial de los juzgados, ni convocar concursos para cubrir las vacantes de funcionarios, decisiones que corresponden al Ministerio de Justicia o al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Última instancia En este mismo sentido, el informe coincide con una aspiración expresada hace un mes por el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol: que el TSJC se convierta en la última instancia judicial en Cataluña en recursos de casación, tal y como prevé el artículo 19 del Estatut. De esta manera, el Tribunal Supremo se encargaría de unificar jurisprudencia e interpretar las normas estatales. Sin embargo, el ámbito penal quedaría fuera de este ámbito, como ya está previsto también en el Estatut. La obra reclama que, en cumplimiento del Estatut, todos los funcionarios judiciales y los secretarios dependan de la Generalitat. Según los autores, dada la inmediatez y proximidad en la gestión, no tiene sentido que el personal forme parte de cuerpos nacionales, pues esa situación fomenta el corporativismo. El libro asegura que una de las causas de la lentitud de la justicia es el gran número de pleitos. Para acabar con esta situación se propone aplicar procedimientos de mediación, para evitar la intervención de los jueces, o nuevas fórmulas, como la justicia municipal prevista en la Carta Municipal. Los cambios, explica el libro, deberían afectar también al CGPJ. En este sentido, el Informe Pi i Sunyer reclama que los partidos políticos sean más exigentes a la hora de pactar o proponer los vocales del llamado gobierno de los jueces. Por eso proponen que, dado que han de ser escogidos por el Parlamento, los aspirantes deberían comparecer primero en la comisión de Justicia, para mostrar su idoneidad. Puesto que el CGPJ es un órgano político, la obra propone que, una vez escogidos sus miembros, éstos elaboren y expliquen un programa de gobierno para que los ciudadanos puedan conocer sus intenciones. Las reformas deberían afectar también al ministerio fiscal, para convertirlo en el instructor de los procesos penales. De esta manera, se reservaría al juez la función de garantizar los derechos de las personas afectadas y adoptar las medidas cautelares que les afecten. El informe explica que, en este caso, el fiscal general del Estado sería nombrado por el Parlamento, dl que dependería, y no por el Gobierno, como sucede en la actualidad. En este caso, explica la obra, se debería plantear si el fiscal ha de establecer prioridades en su actuación, para evitar arbitrariedades o decisiones coyunturales, y no como sucede actualmente, que actúa bajo el principio de legalidad y persigue por igual todos los delitos.