PSOE y PP denuncian a Gil en los juzgados por "impedir el ejercicio de los derechos políticos"
Los representantes del PP y el PSOE en la Comisión Gestora de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental presentaron ayer en los juzgados de Marbella una denuncia contra el alcalde de la localidad, Jesús Gil, por impedimento del ejercicio de los derechos políticos (art. 542 del Código Penal). Con esta querella responden al decreto promulgado por Gil el viernes para retirar del orden del día del pleno que la Mancomunidad pretende celebrar hoy el debate sobre la empresa de aguas Acosol. La oposición a Gil decidirá antes de la sesión si plantea una moción de censura.
La querella está firmada por los alcaldes socialistas de Mijas, Ojén y Manilva y por los alcaldes populares de Torremolinos y Fuengirola. Pero, según indicó la alcaldesa de esta última localidad, Esperanza Oña, "el documento está suscrito por todos los representantes de ambos grupos en la comisión gestora". Oña también añadió que su partido "no tiene ningún inconveniente" en promover una moción de censura contra Gil para desbancarlo de la presidencia de la Mancomunidad, y anunció que los representantes de la oposición mantendrán una reunión previa al pleno de hoy para decidir si se adopta la medida de castigo. "La moción de censura depende de cómo se desarrollen las cosas hasta el momento del pleno", indicó Oña. Entre otras cosas, los denunciantes esperan que el Juzgado número 2 de Marbella resuelva adoptar la medida que sugieren en su escrito: la suspensión cautelar del decreto dictado el viernes 18 por Gil para eliminar el debate sobre Acosol de la sesión y la convocatoria del pleno con el orden del día establecido anteriormente. "Ésta sería una medida cautelar tendente a la protección de los perjudicados y que iría en evitación de la consumación del delito aquí denunciado", razonan. Argumentos En el documento, los representantes de ambos partidos argumentan que "resulta evidente que, a efectos materiales, no ha sido convocada la sesión extraordinaria solicitada por los vocales de la comisión gestora, al haber sido expresamente excluido de la sesión precisamente el punto del orden del día que fue interesado por los mismos y que dio lugar a la convocatoria, con carácter extraordinario, de la Comisión Gestora [pleno] de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental". "Además", sigue el texto, "la maniobra de exclusión se efectúa en condiciones tales que impide o dificulta cualquier reacción jurídica mínimamente eficaz, notificándose el decreto de exclusión un viernes por la tarde, momento que entorpece ya de por sí el inmediato conocimiento de los interesados garantizándose así una ausencia práctica de respuesta frente a tan flagrante violación de los más elementales derechos democráticos". Por último, para señalar la posible ilegalidad del decreto, la querella subraya que el decreto del viernes "incurre en la grave injusticia de ser contrario a la resolución adoptada con anterioridad por el presidente de la Comisión Gestora el cual, por decreto de fecha 26 de octubre de 1998, convoca sesión extraordinaria de la Comisión Gestora incluyendo en su orden del día los puntos solicitados por los vocales miembros de la comisión". El de hoy promete ser un pleno de alta tensión. Al decreto del viernes se unen otras medidas que han ido cargando los ánimos de la oposición a Gil en la Mancomunidad, como la recusación de los representantes del Ayuntamiento de Torremolinos, la limitación del público de la sala a 25 personas previamente acreditadas o la decisión de que la Policía Local de Marbella controle el desarrollo de la sesión. Los líderes andaluces del PSOE e IU abogaron ayer por la destitución de Gil. El presidente de la Junta, Manuel Chaves, afirmó en Sevilla que "hay razones que justificarían una moción de censura" pero matizó que quien tienen que decidir son los representantes de ese órgano supramunicipal, informa Isabel Pedrote. Por su parte, el coordinador de IU en Andalucía, Antonio Romero, declaró en Almería a Efe que esperaba "que en el plazo de dos días el PP suscriba el acuerdo para secundarla", y calificó a Gil de "cáncer para la democracia".
