Ultimátum de seis meses para redactar el PGOU

La Consejería de Obras Públicas dará un plazo de seis meses a Jesús Gil para que el consistorio de Marbella redacte un texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad, rechazado el pasado mes de julio. Si transcurrido este tiempo el edil marbellí no cumple este requerimiento de la Comisión Provincial de Urbanismo de Málaga, la administración regional, como anunció el titular de Obras Públicas, Francisco Vallejo, asumirá la redacción de este documento. La Comisión Provincial de Urbanismo rechazó el PGOU de Marbella e instó al consistorio a redactar un texto refundido del documento que dejara fuera las programaciones urbanísticas consideradas ilegales. Este organismo eludió fijar una fecha tope para que le fuera remitido el nuevo documento y el consistorio marbellí, transcurridos casi seis meses, aún no ha iniciado los trabajos para actualizar la normativa y ha decidido emprender una batalla jurídica para sacar adelante su documento inicial, en contra de las tesis de la administración regional. La directora general de Urbanismo y Ordenación del Territorio, Josefina Cruz, ha asegurado a EL PAÍS Andalucía que la decisión de no fijar fecha "es una norma habitual de estas comisiones", ya que se parte de la base de que los ayuntamientos son los primeros interesados en resolver estos requerimientos lo antes posible. Una situación que no ha valido para Marbella y que ha motivado que Cruz anuncie que en la próxima reunión de la Comisión de Urbanismo de Málaga, fijada para enero de 1999, se dará "un plazo, posiblemente de seis meses, al alcalde para resolver la situación". Si Gil insiste en sus planteamientos y no acomete la actualización del PGOU, la administración regional acudirá al último recurso que puede adoptar para desbloquear la situación: asumirá la redacción del texto refundido; un hecho que, aunque viene recogido en la Ley de Bases de Régimen Local, no tiene precedentes en Andalucía. Cruz entiende que seis meses "parece un tiempo razonable". "Si recortásemos podría pensarse que la Junta no tiene intención alguna en que Gil cumpla con su obligación. Vamos a seguir actuando en Marbella como lo haríamos con cualquier otro municipio andaluz y por eso le damos seis meses, para que tenga tiempo material para hacerlo", señaló la directora general. Gil ratificó el pasado viernes en los juzgados de Marbella la querella por prevaricación y falsedad que presentó contra Cruz, a la que acusa de ocultar datos sobre el plan general de esta localidad y que investiga la concesión de una licencia municipal de obras de la sociedad Belmonsa para construir un edificio de trece plantas en una zona verde, según la denuncia de un grupo de vecinos. También se querelló por prevaricación contra los miembros de la Comisión de Urbanismo.