El Parlamento europeo someterá a una moción de censura y confianza a la Comisión
Crisis institucional en la Unión Europea, a causa de una discusión presupuestaria. El Parlamento votará el próximo enero una moción de censura a la Comisión a propuesta del Grupo Socialista. En realidad, aunque la moción sea técnicamente censora, los socialistas la plantearon con el objetivo contrario, el de ganar la confianza para el Ejecutivo de Bruselas, minada por sus rivales democristianos en la votación parlamentaria sobre la ejecución del presupuesto de 1996. La Comisión perdió, porque la aprobación de su gestión quedó en el aire, y su credibilidad ante los 15 Gobiernos lo pagará caro.
La Comisión "no dimitirá", aseguró el comisario de Presupuestos, el finlandés Erkki Liikanen. Votaron a favor de la gestión presupuestaria de la Comisión 225 eurodiputados, 275 en contra y hubo 23 abstenciones. Levantó el pulgar en Estrasburgo la mayoría del Grupo Socialista -salvo alemanes y algún nórdico-, y buena parte de los liberales y radicales. Lo bajó en signo de condena la mayoría de los democristianos -salvo los españoles-, verdes, gaullistas, berlusconianos y extrema derecha.El motivo aparente del voto condenatorio es que las promesas de Bruselas para combatir el fraude parecen insuficientes al Partido Popular Europeo. La razón real es el pase generalizado de la Democracia Cristiana a la oposición, especialmente en Alemania, como sugirió Likanen: "Las elecciones de otoño han tenido impacto". El junio habrá elecciones europeas y todos se dan codazos -sobre todo los verdes- para ser campeones en la lucha atifraude. La esquizofrenia democristiana consistió en que, al negar su aprobación a Bruselas, castigaba a un equipo encabezado por un correligionario, Jacques Santer.
Programa de reformas
Los motivos aparentes de los socialistas eran que la Comisión ya se ha comprometido a un programa de reformas contra el fraude y que se debe evitar la erosión de la Comisión, fiel aliada de la Cámara frente al Consejo. El motivo real era la defensa de los comisarios más criticados, los socialistas mediterráneos, por falta de control del fraude. La esquizofrenia la exhibió en este grupo el SPD alemán, al que nada le importó que su Gobierno nacional inicie la presidencia semestral el 1 de enero con la desventaja de una Comisión tocada.El pulso fue enconado. El presidente del PPE, el belga Wilfried Martens -que se abstuvo- defendió el voto contrario a Bruselas asegurando, sin embargo, que no pretendía censurar a la Comisión y destacando su "plena confianza" en Santer, aunque en nadie más. Y criticó al colegio de comisarios por haber emitido la víspera un comunicado exhortando a los diputados a que, si le negaban el voto presupuestario, le negaran también la confianza con una moción de censura. Según Martens, era una presión inaceptable. Concluyó que no pasa nada, pues la ejecución de 1996 debería pasar ahora al reexamen de la comisión parlamentaria.
Saltó como un resorte la portavoz socialista, Pauline Green, británica, acusando a Martens de "hipocresía" porque desvinculaba el presupuesto de la confianza política. Y dio la sorpresa. Alinéandose con la Comisión, interpretó que, en bien de la coherencia, un voto negativo exigía abordar una moción de censura. "La voy a presentar", anunció, "y mi grupo votará en contra".
¿Embrollo? La moción de confianza no existe en la Eurocámara. Para ratificar la confianza debe darse el rodeo de la moción de censura. Pero para que ésta triunfe necesita dos tercios de los votos presentes, y que el resultado represente la mayoría simple de los diputados. Como los 214 socialistas y sus aliados suman más de un tercio de los 626 escaños, Green calcula que la moción fracasará -aunque haya nuevas desercio-nes- cuando se vote en enero, y Bruselas recobrará la confianza. Así, los socialistas ganarán por la mano a su rival, el PPE, que deberá optar entre votar contra uno de los suyos (Santer) o a favor, con lo que será acusado de incoherente.
En cualquier caso, la Comisión Santer sale políticamente malparada. Ayer varios portavoces -verdes, gaullistas y ultrade-rechistas- agrandaron las críticas de Martens a las presiones de Bruselas, acusándola de "chantaje". Les contestó Likanen, alegando que todo ejecutivo tiene derecho a definir su postura antes de una votación. Y asegurando con aplomo: "Conviene una votación de confianza. Nadie ha pedido a la Comisión que dimita. Y la Comisión no dimitirá".
