Un industrial reclama 500 millones a la Asociación del Cáncer por supuesto incumplimiento de contrato

La supuesta rescisión unilateral en diciembre de 1993 de un contrato mercantil de colaboración suscrito en 1987 puede costarle a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) 500 millones de pesetas en concepto de indemnización por daños y perjuicios. Ésa es la cantidad que reclama judicialmente a la AECC un industrial de Alcoy (Alicante) que se vio obligado a despedir a los 60 trabajadores de su empresa y a cerrarla ante la imposibilidad de mantener la actividad, consistente en la recogida y comercialización de ropa usada. El pleito contra la AECC ha quedado visto para sentencia en el Juzgado de Primera Instancia número 50 de Madrid.El abogado de la AECC, Carlos Pardo, aseguró ayer que la acusación del industrial es falsa. Pardo subrayó que existe una declaración judicial del administrador único de la empresa denunciante en la que reconoce que el contrato se resolvió de mutuo acuerdo.

El denunciante, Antonio Andrés García Arribas, gerente de Afritex, SL, explicó ayer que el director general de la AECC, Ricardo Alba, le llegó a proponer en una reunión en 1993 el pago de 20 millones de pesetas, "fuera de contrato y sin documentar", para continuar con la actividad. El industrial se opuso a lo que consideró "un chantaje", en el que no mediaron testigos, y meses después, siempre según el denunciante, Alba le pidió la liquidación y firmó contrato con otro industrial. Afritex y la AECC, representada por Ignacio de Corral Saleta, firmaron el contrato el 11 de noviembre de 1987. El documento autorizaba a Afritex a usar durante cinco años el nombre y señas oficiales de la AECC como reclamo para organizar campañas de recogida de ropa usada en colegios. Ese material era trasladado a las naves de Afritex, donde la ropa era seleccionada, desinfectada y empaquetada para su envío a Holanda y Marruecos, donde se vendía. La ropa inservible para tal fin se reciclaba para elaborar subproductos de industria, que también se comercializaban.

Afritex hacía el negocio, y la contraprestación para la AECC era doble: su actividad se daba a conocer entre los escolares, y cobraría un canon anual de 10 millones de pesetas si el material recogido en las campañas no superaba las 2.000 toneladas. El contrato estipulaba el pago adicional de una peseta por kilo de ropa de más. En enero de 1990 la entonces presidenta de la AECC, María Fernanda Méndez-Núñez y Gómez-Acebo, modificó la contraprestación hasta alcanzar un canon de 12 millones anuales, y seis pesetas por cada kilo que excediera de las 2.000 toneladas de ropa.

Con vigencia hasta diciembre de 1992, el contrato era prorrogable por otros cinco años, salvo denuncia de alguna de las partes. La relación mercantil continuó con normalidad hasta la llegada a la dirección general de la AECC de Ricardo Alba, según Antonio García. "Me pidió que viajara a Madrid para celebrar una reunión, en junio de 1993, y allí me pidió un pago adicional de 20 millones de pesetas sin documentar. Le dije que las cláusulas del contrato podían ser modificadas en 1997 y no antes, pero en diciembre me llegó una carta en la que Alba daba por liquidado el contrato". García inició acciones judiciales en octubre de 1994.