Con los argumentos de las empresas

José María Aznar usó ayer un curioso argumento para rechazar las acusaciones de la oposición de regalar un billón a las eléctricas por compensaciones por la liberalización del sector. Aznar recordó que el marco legal vigente antes de la Ley Eléctrica -es decir, con los gobiernos socialistas- reconocía a las empresas unos ingresos garantizados de tres billones; y, en defensa de la enmienda de titulización aprobada en el Senado, recordó que su Gobierno redujo, en la citada Ley, a 1,7 billones.Primero, la idea de compensar a las eléctricas por la transición a un mercado abierto es un invento del actual Gobierno. Porque la Ley Eléctrica elaborada por el PSOE establecía la liberalización del sector sin compensaciones.

El argumento de Aznar tiene un origen conocido. A finales de 1996 y principios de 1997, cuando Industria negociaba el protocolo eléctrico, las empresas fueron aumentando progresivamente las cantidades que pedían como compensación a cambio de la liberalización. Hasta tal punto que sobre la mesa de la negociación aparecieron cantidades superiores a los dos billones. Economía -que no Industria, como hubiera sido lógico- se plantó y advirtió a los negociadores de que no reconocería una peseta más de dos billones.

La asociación eléctrica Unesa para demostrar que la nueva regulación era más favorable que la anterior para los intereses de los consumidores y del Gobierno, fabricó un informe que utilizaba un argumento singular. Aseguraba que en el caso de que se prolongara durante 20 años el Marco Legal Estable vigente entonces, las eléctricas percibirían como ingresos reconocidos legalmente tres billones más de la cantidad que iban a obtener con la nueva regulación, que les reconocía unos costes de liberalización de 1,9 billones.

El principio argumentativo ya era sesgado, puesto que un Marco Legal pensado para retribuir a las empresas en función de los costes y no de precios competitivos era un sistema transitorio por naturaleza. El fundamento de este informe fue contestado por la Comisión Eléctrica con dos réplicas contundentes. La primera era que con las cifras disponibles, resultaba imposible llegar a esa diferencia de tres billones que esgrimían las compañías como prueba de que sacrificaban parte de sus ingresos en la liberalización. Como mucho, según la Comisión, y con las hipótesis más favorables, se podía llegar a una diferencia de dos billones.

El segundo argumento era más contundente. Porque en el cálculo general de los tres billones de diferencia -o los dos billones que reconocía la Comisión- no se tenía en cuenta que en la nueva regulación, el precio del kilovatio hidráulico iba a ser pagado hasta 10 veces más caro que el reconocido en el marco anterior. Con los nuevos precios de la electricidad, algunas empresas tendrían que devolver dinero, en lugar de percibirlo. Esta situación se está produciendo ya.

Las cifras del informe de Unesa nunca fueron explicadas. Mal principio de autoridad esgrimió ayer el presidente del Gobierno para defender a su ministro de Industria y portavoz del Gobierno.