El movimiento antipeajesFRANCESC DE CARRERAS

Uno de los más interesantes fenómenos del panorama político catalán es, sin duda, el movimiento antipeajes de autopista, surgido en septiembre pasado. En pocos meses, han logrado magníficos resultados. Por un lado, la dimisión del presidente y del director de la empresa ACESA, concesionaria de la principal red de autopistas. Por otro, el primer ofrecimiento de pacto, por parte de los nuevos dirigentes de esta empresa, en los aspectos más conflictivos e impopulares de la gestión de la anterior dirección: retirada de recursos al nuevo trazado de la N-340 en el entorno de Tarragona y levantamiento de las barreras de peaje en casos de grandes atascos. El objetivo del movimiento es, sin embargo, mucho más amplio y ambicioso. Se trata, en su finalidad última, del rescate total de los peajes, y su viabilidad se basa en un estudio serio y detallado del consorcio Xarxa Viària, formado por varios ayuntamientos de diversos colores políticos y especialmente afectados por la política de autopistas. Dicho estudio justifica que, contrariamente a lo expresado por representantes del Estado y de la Generalitat, el rescate es perfectamente posible. No queremos, en este artículo, entrar en la concreta alternativa que plantea Xarxa Viària, sino simplemente apuntar algunas consideraciones generales sobre el movimiento antipeajes, el cual, a nuestro modo de ver, tiene una significación que va más allá de su importante objetivo concreto. En primer lugar debe constatarse la rapidez con que se ha extendido y dado a conocer. Junto a ello, hay que lamentar la nula capacidad de los partidos políticos para prestar atención a una materia que tanto interés despierta en muchos catalanes. Las bases en las que se sustenta el movimiento antipeajes son las asociaciones cívicas, los ayuntamientos especialmente afectados y una opinión pública muy interesada en la materia. Con todo ello, se hace cada vez más visible la separación entre una clase política aparentemente sólo preocupada por sus propias obsesiones y un ciudadano muy apegado a la realidad de su vida diaria. Mientras que unos no paran de hablar de la fecha de disolución del Parlamento o de la reforma constitucional con objeto de introducir en ella el derecho de autodeterminación, el otro se preocupa del precio de los peajes y de la deficiente red viaria de Cataluña. Y aquí debe plantearse una segunda consideración: frente a la ideología dominante en los últimos años sobre la eficacia de la empresa privada respecto de los servicios públicos, el movimiento antipeajes pone de relieve que la concesión de las autopistas a una empresa privada no sólo permite unos precios abusivamente altos -que dan, lógicamente, unos beneficios netos espectaculares a la concesionaria-, sino que impide unos buenos servicios públicos en las vías alternativas. Ello se pone de manifiesto con crudeza en el penoso itinerario de la carretera nacional que atraviesa toda Cataluña, desde La Jonquera hasta el límite de la provincia de Castellón, a lo largo de toda la costa. Dicho tramo de carretera no tiene parangón en toda España: es la que en peores condiciones debe soportar una mayor cantidad de tráfico. Y, ciertamente, que no se haya modernizado ni ampliado sólo se explica por la existencia de la autopista paralela, que en el subconsciente de muchos conductores es la única carretera existente. Sería interesante una prueba entre dos vehículos que hicieran ese recorrido al mismo tiempo, uno circulando por la carretera nacional y el otro por la autopista de peaje. Las diferencias en la duración del trayecto, en el cansancio del conductor y en el riesgo de accidentes superarían todo lo razonable. Pues bien, sobre la base del mantenimiento de una pésima carretera es muy sencillo obtener los desmesurados beneficios de ACESA. Y el mismo ex director de ACESA manifestó públicamente hace unos meses que su intención al interponer los recursos que retrasaban la variante de Altafulla -punto clave del tramo de la N-340 antes mencionado- era impedir que la carretera nacional le hiciera competencia. El conocido deseo que tantas veces se ha repetido a lo largo de la historia: empresa privada y sin competencia. O lo que es lo mismo: negocio total, abuso descarado, liberalismo realmente existente. Frente a todo ello, el movimiento antipeajes tiene las condiciones óptimas para seguirse manteniendo sólidamente activo en sus posiciones. Se trata de un grupo atípico, relativamente autónomo, no ligado a intereses exclusivos de partido ni a intereses privados, básicamente espontáneo y, sobre todo, sustentado en una vigilante opinión pública. Por todo ello, es quizá la única fuerza que puede oponer resistencia a las presiones de los muchos y muy poderosos intereses que desearían verla desaparecer. No olvidemos que el principal accionista de ACESA es La Caixa, el grupo financiero e industrial más fuerte de Cataluña, con obvias influencias en los poderes públicos y en los medios de comunicación. Pero la autonomía de sus componentes, su sorprendente espontaneidad y el impacto popular que su toma de posición ha causado en la sociedad catalana han hecho a este movimiento extrañamente fuerte incluso frente a los tradicionalmente fuertes. Y además su actuación constituye una advertencia a unos partidos entretenidos en la política de grandes palabras vacías pero ignorantes, en muchos casos, de lo que sucede en la realidad social de su entorno inmediato. El triunfo definitivo del movimiento antipeajes depende ahora de su capacidad de seguir convenciendo mediante actuaciones pacíficas que utilicen razonamientos sólidamente argumentados, lejos de toda violencia y de toda tensión innecesaria. Hasta ahora se han ganado a buena parte de los ciudadanos y han mostrado la red de poderes que en Cataluña mezclan los intereses públicos con los privados. Con inteligencia y audacia, sobre todo con el apoyo de la opinión pública, pueden alcanzar, tal como están las cosas, su objetivo final.

Francesc de Carreras es catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.