La comunidad educativa reclama a la Generalitat una red de escuelas infantiles

El Marco Unitario de la Comunidad Educativa (MUCE) reclamó ayer a la Generalitat la creación inmediata de una red pública de escuelas infantiles para escolarizar a los niños de 0 a 3 años, una etapa clave, según los pedagogos. En la actualidad sólo existen 42 centros regidos por la Administración catalana, que, sumados a los 260 de titularidad municipal, son insuficientes para atender la demanda del sector. Cada año miles de solicitantes se quedan si plaza. El MUCE ha iniciado una campaña para recoger 100.000 firmas en favor de la creación de centros infantiles.

El MUCE agrupa a sindicatos, asociaciones de padres, movimientos de renovación pedagógica y asociaciones de municipios. La plataforma rechaza los argumentos de Enseñanza, que alega no estar obligada a financiar el tramo de 0 a 3 años por no pertenecer a la enseñanza reglada. La representante de los Movimientos de Renovación Pedagógicos, Irene Balaguer, acusó a la Generalitat de incumplir la la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE). Esta ley indica que la educación infantil, que se divide en dos ciclos -de 0 a 3 años y de 3 a 6-, tiene carácter voluntario, pero que "las administraciones garantizarán la existencia de un número de plazas suficiente para asegurar la escolarización de la población que lo solicite". Balaguer criticó la interpretación que hace la Generalitat de este texto: "Cuando dice no estar obligada a garantizar la demanda, distorsiona la verdad. La voluntariedad es para las familias, no para la Administración". En la actualidad, Enseñanza sólo cubre la demanda escolar infantil de 3 a 6 años. Los 42 centros de la Generalitat, que le fueron transferidos en los años ochenta por el Ministerio de Educación, no cubren todos los puntos de Cataluña. Algunas comarcas no tienen ningún centro, por ejemplo la de Osona. Y en las que tienen escuelas, la demanda es muy superior a la oferta. Incluso en una ciudad tan privilegiada como Manresa, que tiene tres escuelas infantiles, se han quedado sin plaza 60 niños en cada una de ellas. Estudio de demanda La plataforma reclama a Enseñanza que realice un estudio de la demanda para evaluar cuántas plazas son necesarias exactamente para cubrir las necesidades. El MUCE calcula que necesitarían plaza de 0 a 3 años por lo menos el 40% de las familias catalanas en las que ambos miembros de la pareja trabajan. Incluso va más allá y afirma que también reclamarían una plaza familias en las que la mujer no trabaja, por el efecto socializador que tiene la escolarización. Los portavoces de la comunidad educativa consideran que la escolarización de los niños de 0 a 3 años es un derecho que está siendo vulnerado por la Administración catalana y critican especialmente la actitud del presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, con relación a las escuelas infantiles. "El presidente padece de amnesia y olvida lo que nos ha prometido continuamente. Además reduce el problema de de la educación infantil a una cuestión meramente familiar y por eso califica de "guarderías" las escuelas infantiles". En opinión de docentes y padres, éstas sirven para formar a los niños y no sólo para guardarlos mientras sus padres trabajan. Los pedagogos señalan que la edad de 0 a 3 años es clave en la formación de la personalidad del niño. Además de pedir más escuelas infantiles, la comunidad educativa solicita que se unan los dos ciclos infantiles con el fin de poder garantizar la continuidad pedagógica y la consideración social y laboral del personal de este ciclo. Otra demanda de la comunidad educativa es que la Generalitat destine más recursos económicos a la financiación de estas escuelas. En los presupuestos para 1999, Enseñanza sólo ha destinado 380 millones de pesetas a este concepto, tres millones más que en 1998. El MUCE reclama que aumente este presupuesto para garantizar el cumplimiento de una enseñanza de calidad. El sindicato CC OO, miembro de la plataforma, indica que para escolarizar al 80% de los niños de 0 a 3 años debe habilitarse una partida de 2.500 millones de pesetas. En este sentido, la plataforma se declara contraria a la actual política de financiación de la educación de la Generalitat. En opinión de este colectivo, la aplicación del llamado ticket escolar, por el que a partir de 1999 se concederán ayudas de 50.000 pesetas anuales a las familias de rentas bajas, es "del todo insuficiente y una burla para los padres". La plataforma educativa considera que las cantidades que la Generalitat va a entregar a las familias en concepto de ayuda deberían destinarse a crear nuevas plazas.