Junta y diputaciones acuerdan resolver la deuda por la transferencia de psiquiátricos

El Gobierno autonómico y las diputaciones provinciales decidieron ayer abandonar la senda de los recursos judiciales para resolver el cobro mutuo de deudas, congelado desde hace más de siete años. La comisión mixta de transferencias acordó la creación de un grupo de trabajo por bando para valorar cuánto adeudan las diputaciones a la Junta por la transferencia de los centros psiquiátricos que se realizó en 1991. "Es mejor un acuerdo que un pleito". Fueron las palabras que Alfredo Sánchez Monteseirín, presidente de la Diputación de Sevilla, puso en boca de la consejera de Gobernación, Carmen Hermosín. Lo cierto es que el entendimiento llegó de la mano de resoluciones judiciales. Los tribunales, en respuesta a recursos de las diputaciones de Córdoba, Huelva y Cádiz -las otras cinco también han recurrido a los jueces-, invalidaron la pretensión de la Junta de cobrarse unilateralmente lo adeudado, más de 3.000 millones de pesetas anuales desde 1991, según los cálculos de sus técnicos. Los magistrados indicaron el camino: la solución sólo podía surgir de un acuerdo entre ambas administraciones. Y los representantes del Gobierno andaluz y de las diputaciones se pusieron ayer manos a la obra. "Queremos zanjarlo antes de que termine la legislatura municipal", en junio de 1999, indicó Hermosín. Monteseirín recordó que el conflicto económico surgió tras "una actuación pionera". Andalucía fue la primera comunidad autónoma que integró en la red sanitaria la atención a los enfermos mentales. Para ello, en 1991, se acordó que las diputaciones traspasaran al Gobierno andaluz los centros psiquiátricos, que gestionaban en exclusiva. Las diputaciones no aportaron la financiación de recursos que desde entonces gestiona el Gobierno andaluz. Todos estos años las corporaciones locales han seguido percibiendo las dotaciones presupuestarias por este servicio. Monteseirín dio a entender que ahora sí pagarán los fondos asociados a la transferencia. La comisión aprobó ayer que para actualizar las deudas, se usará la tasa de crecimiento real del Producto Interior Bruto, "el criterio que más beneficia a las diputaciones", aseguró Hermosín. A la financiación no recibida por el Ejecutivo autonómico tras la transferencia de los psiquiátricos se suma que, en 1994 y 1995, fue la Junta la que no pagó: Gobernación, por falta de fondos, no asignó dinero a los planes de obras de las diputaciones, como es preceptivo. La comisión pretende ahora dilucidar la deuda mutua -"que será gravosa en todo caso para las diputaciones", advirtió la consejera-, y establecer mecanismos de compensación entre ambas cuentas para, como indicó Hermosín, "no crear desequilibrios".