Los nuevos juzgados de lo Contencioso resolverán en seis meses la mitad de los casos que traten

Los cuatro primeros juzgados de lo Contencioso Administrativo, que se ponen en marcha hoy en las capitales vascas, van a aliviar de una manera muy importante el actual colapso que sufre la sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Según la prevsión legal, estos nuevos centros descargarán al tribunal de un 70% de las causas que ve en la actualidad y resolverán en un periodo de seis meses más de la mitad de los litigios que les lleguen. Los ciudadanos podrán así tener las resoluciones dos años y medio antes que en la actualidad.

La Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que entra en vigor hoy en toda España, permite la creación de estos juzgados unipersonales de la vía Contencioso-administrativa para agilizar las causas y acercar la Justicia al ciudadano. Hasta el momento, sólo la Sala del máximo tribunal vasco -compuesta por tres secciones y 13 magistrados entre titulares y suplentes- tenía potestad para tratar la litigiosidad entre los particulares y los funcionarios con las diferentes administraciones (ayuntamientos, diputaciones, Gobierno vasco y Administración periférica del Estado). La presencia de un sólo órgano en la jurisdicción de lo Contencioso ha motivado que unos 14.000 asuntos estén pendientes de resolver. Según fuentes de la Sala del Tribunal Superior, cada año entran en ella unos 6.000 litigios nuevos. Los magistrados sólo son capaces de zanjar mediante sentencia cerca de 3.500. Otros 1.500 se solventan con acuerdo entre las partes o se retiran. Así, cada año se van acumulando 1.000 casos. Cuando finalice 1998, la previsión de la sala es que 14.000 conflictos permanezcan abiertos y a la espera de su resolución. Procedimiento abreviado Los nuevos juzgados no se van a hacer cargo de esta bolsa. Sólo verán casos nuevos. Van a tener la oportunidad de tratar más del 50% de los litigios que les lleguen mediante un procedimiento verbal abreviado, en lugar del escrito como ocurre en la Sala. Este sitema se podrá emplear cuando la sanción a imponer sea inferior a 500.000 pesetas, como es el caso de más de la mitad de los asuntos que entran en la vía Contencioso-administrativa. Se trata de una figura similar a la que existe en la jurisdicción social. Al no existir antecedentes en el campo de lo Contencioso, fuentes de la Sala expusieron ayer el temor que existe entre los jueces al nuevo sistema. "Es una incógnita el funcionamiento que puede ofrecer el procedimiento abreviado. Pero si todo va bien, lo que hoy tarda la Sala en tramitar tres años se debe resolver como máximo en un plazo de seis meses", señalaron. En realidad, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa prevé que este tipo de conflictos se resuelvan en el plazo de tres meses. "Es el cáculo más optimista", dicen fuentes de la Sala, "pero la realidad de la Justicia obliga a ser mucho más cautos y situarse en los seis meses. Todo va a depender de los medios materiales y humanos que se pongan a disposición de los juzgados". De momento, hoy entran en funcionamiento cuatro juzgados de los ocho previstos (dos en Bilbao, uno en Vitoria y otro en San Sebastián) y el próximo mes de abril tendrán que estar en marcha los otros cuatro, siendo la distribución la misma. Cada juzgado está integrado por un juez y un secretario y siete plazas de nueva creación que corresponden a dos oficiales, cuatro auxiliares y un agente. Estos siete trabajadores ocupan su puesto de forma interina, dado que aún no se ha resuelto el concurso de traslados para dotar de funcionarios de carrera a los órganos judiciales recién creados. Los juzgados analizarán el control de todas las actuaciones de las administraciones públicas con algunas excepciones. Por lo que se refiere a los ayuntamientos y diputaciones, los planes urbanísticos, las ordenanzas, los asuntos cuya cuantía supere los 250 millones de pesetas y el acceso y salida de la función pública por parte de los funcionarios seguirán tratándose en el Superior. En cuanto al Gobierno, toda la litigiosidad irá a los juzgados menos las sanciones que superen los diez millones de pesetas y los decretos impugnados. Las principales dudas estriban en dos asuntos concernientes a la Administración periférica del Estado: objeción de conciencia y extranjería. En principio, los litigios cuya sanción no supere los diez millones se verán en los juzgados y el resto irá a la Sala del Tribunal Superior.