El precio de la intimidad

"Si prefiere no comunicar alguno de los datos siguientes a su pagador [empresa], la retención que se le practique podría resultar superior. En este caso, si procede, recuperará la diferencia cuando se tramite su devolución por parte de la AEAT [Agencia Tributaria] o al presentar su declaración de IRPF."Desde el pasado jueves los contribuyentes pueden encontrar en la página en Internet de Hacienda una nota informativa con esta sorprendente advertencia. Con la fórmula, Hacienda intenta curarse en salud y evitar un conflicto posiblemente lesivo para el derecho a la intimidad de los trabajadores. Todo esto viene a propósito del nuevo sistema de retenciones del IRPF, que debe entrar en vigor el próximo 1 de enero.

La información confidencial se refiere, por ejemplo, a si el trabajador tiene descendientes con minusvalías del 33% o del 65%, si paga una pensión compensatoria -y su importe- a su cónyuge por obligación judicial o las anualidades por alimentos a favor de sus hijos por resolución judicial. También se prevé la obligación de los trabajadores de comunicar cualquier cambio de sus circunstancias personales y familiares en el plazo de 10 días.

Parece que Hacienda no sabe cómo salir del atolladero en que se ha metido. El 1 de enero se acerca y el Gobierno sigue sin aprobar el proyecto de real decreto que establecerá estas normas de información y que ya debía estar aprobado desde hace dos semanas.

De momento, Hacienda ha optado por decirles a los contribuyentes que no se preocupen, que si quieren no deben facilitar estos datos confidenciales. Pero en este caso sufrirán una mayor retención fiscal. Después, al año siguiente, podrán recuperar lo pagado de más en la declaración.

Resulta increíble que el ejercicio de un derecho constitucional esté sometido a un precio de forma tan descarada. Lo absurdo es querer implantar un sistema que conduzca a esta disyuntiva tan poco respetuosa. Es una sorprendente idea fijar precio al ejercicio de un derecho constitucional.

La incapacidad del Gobierno para aprobar el real decreto de las retenciones está creando malestar en medios sindicales. UGT ha anunciado que estudia la presentación de un recurso de inconstitucionalidad. Pero también preocupa en medios empresariales. Las compañías de centros de datos que suministran los soportes informáticos a las empresas y a las gestorías todavía no han elaborado los programas, por carecer de una norma legal en la que apoyarse. La gestión del nuevo impuesto está resultando mucho más peliaguda que su difusión publicitaria.