La comisión eléctrica alerta de que las ayudas al sector "pueden utilizarse" contra la competencia

Los monopolios eléctricos (Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, Hidrocantábrico y Elcogas) pueden terminar ahogando la competencia en su propio sector y en otras actividades estratégicas de la industria -telecomunicaciones, consultoría y otros- si el Gobierno autoriza a estos grupos a cobrar por adelantado 1, 3 billones de pesetas en concepto de costes de transición a la competencia (CTC) en el sector eléctrico.

Según la Comisión Nacional del Sector Eléctrico (CNSE), los competidores de las eléctricas en las áreas en las que éstas han entrado para diversificar estarán claramente "en peor situación que los monopolios eléctricos", si se aprueba una enmienda presentada por el PP a la ley de Acompañamiento de los Presupuestos que recoge esas compensaciones. La enmienda se debatirá mañana en el Senado.

"En la medida en que los monopolios eléctricos ingresen unas cantidades adicionales a las que pueden obtener en libre competencia y que les permitan recuperar sus inversiones, es evidente que este dinero puede utilizarse contra los competidores, tanto en el propio sector eléctrico —contra los nuevos entrantes— como en otros sectores donde los monopolios eléctricos decidan hacer sus inversiones —telecomunicaciones, consultoría, etcétera—", afirma la CNSE.

Sin justificación

La comisión, que no encuentra justificación alguna para que las eléctricas reciban los 1,3 billones fijados en virtud de un pacto entre el Ministerio de Industria y las compañías, espera que las compensaciones sean rechazadas por la Comisión Europea. "Puede tener problemas serios con su calificación como ayudas públicas, puesto que se está dando dinero a las empresas eléctricas no sólo por encima del precio en competencia y del precio de sus actividades reguladas, sino incluso por encima del necesario para recuperar las inversiones hechas en el pasado", afirma el Comité Consultivo de la CNSE, un órgano independiente con 32 miembros en representación del sector, las organizaciones de consumidores, las 17 comunidades autónomas y otros agentes sociales.

La comisión eléctrica lanza su mensaje de alerta justo cuando los grandes grupos del sector recrudecen una ofensiva sin precedentes para tomar las telecomunicaciones. Endesa y Unión Fenosa son ya accionistas de referencia en dos de los operadores de telefonía móvil, Airtel y Amena; en el segundo operador de telefonía fija, Retevisión; y han comprometido inversiones en el cable que junto a las de sus socios de Telecom Italia suman más de 400.000 millones de pesetas. Iberdrola, por su parte, es la aliada estratégica de Telefónica en el cable y otras áreas del sector; incluso han acudido juntas al mercado brasileño con compromisos de inversión que rondan el medio billón de pesetas en conjunto.

La comisión eléctrica concluye que "no hay razones para perjudicar a las empresas [no eléctricas] españolas" mediante el trasvase de "unas cantidades excepcionales" a los monopolios eléctricos. Para la comisión, no sirve decir que las eléctricas utilizarán las ayudas para reducir su deuda e invertir en nueva capacidad de generación de energía "porque no hay ninguna obligación sobre in versiones en 15 enmienda" y "si las eléctricas se comportan correctamente [puesto que su deuda está ya muy desahogada] no reducirán su deuda, sino que gastarán ese dinero en otros fines".