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Editorial:

Mal acompañado

LA UTILIZACIÓN intensiva de las leyes de los Presupuestos Generales del Estado para aprobar o cambiar normas legales que nada tienen que ver con el Presupuesto no es una costumbre -mala, desde luego- que haya inventado el Gobierno actual. Todos los Ejecutivos anteriores, de UCD o del PSOE, han usado e incluso abusado del recurso legal de utilizar la Ley de Presupuestos, cuyo trámite parlamentario es más rápido y menos detallado, para aprobar con nocturnidad leyes y normas de excepcional importancia muy alejadas del ámbito presupuestario. Aunque el Tribunal Constitucional dictaminó la inconveniencia de utilizar el pretexto presupuestario como cajón de sastre para colar normas legales de todo tipo y condición, el subterfugio de elaborar una Ley de Acompañamiento del Presupuesto, distinta de la Ley del Presupuesto, pero beneficiaria de sus mismas ventajas, ha permitido soslayar cómodamente la prohibición constitucional y abusar impunemente de los trámites abreviados y someros para imponer a la oposición cambios legislativos que requieren un debate político intenso.El Gobierno del PP está extendiendo el abuso de la Ley de Acompañamiento hasta límites difícilmente superables. En el texto de dicha ley para 1999 ha presentado 110 enmiendas en el Senado -Cámara donde el PP tiene mayoría absoluta- para modificar de forma importante, en algunos casos decisiva, no menos de 25 leyes. Los cambios más llamativos que se meterán de rondón en la legislación española por este procedimiento ventajista son la titulización de los costes de transición a la competencia (CTC) concedidos a las compañías eléctricas, las fundaciones para gestionar los hospitales públicos y el nuevo sistema de financiación de los ayuntamientos. Aunque hay más, y todas ellas de cierta importancia -como las modificaciones de la Ley del Mercado de Valores o de Cámaras de Comercio-, los tres cambios citados son ejemplo suficiente de los excesos de arbitrariedad a que se puede llegar con el pretexto de la urgencia parlamentaria.

La titulización de los costes eléctricos, la constitución de fundaciones en los hospitales públicos o la participación de los ayuntamientos en los ingresos del Estado merecen algo más que su inclusión de tapadillo en un trámite parlamentario acelerado; merecen un debate parlamentario amplio e intenso. La liberalización eléctrica va a tener consecuencias muy importantes para los usuarios, y no será la menor de ellas la futura evolución de las tarifas y del recibo de la luz; la importancia de las fundaciones hospitalarias no se escapa a nadie, y menos con el síndrome de privatización que el Gobierno ha conseguido introducir en los servicios públicos; y los cambios en los ingresos municipales afectan a todos los ciudadanos españoles, sujetos a tributaciones cruzadas del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Se da la circunstancia, agravante en este caso, de que tanto la titulización de las eléctricas como la reforma encubierta de la sanidad pública que suponen las fundaciones hospitalarias estaban siendo objeto de un intenso debate público que el Gobierno ha cortado de raíz.

El abuso continuado de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, del que este Gobierno acaba de dar muestras abundantes, es un hábito perjudicial para el funcionamiento de las instituciones democráticas. Evita que regulaciones legales de importancia sean adecuadamente debatidas en el Parlamento, permite que los acuerdos tomados de espaldas a la Cámara y a la opinón pública se conviertan en leyes y complica hasta lo inextricable la ordenación jurídica, porque es difícil encontrar una ley o decreto que no haya sido modificado deprisa y corriendo en un trámite legal presupuestario. La Ley de Acompañamiento crea un universo legal propio, fudamentado en acuerdos de trastienda y a última hora con el socio parlamentario de turno, en este caso CiU, y paralelo a la legalidad formada en los debates parlamentarios públicos.

No es una cuestión de legitimidad, por supuesto, sino de transparencia. Quizá sería demasiado pedir que el Gobierno renuncie a las ventajas aparentes de un trámite especial y acelerado, como es la Ley de Acompañamiento; pero al menos debería limitar estrictamente su utilización. Desde luego, debería evitar que los cambios legislativos importantes o que suscitan polémica se sustanciasen a través de un procedimiento pensado para las urgencias con que debe atenderse la aprobación o rechazo de los créditos presupuestarios. El sistema democrático también es cuestión de procedimientos; y cuando éstos se pervierten, también se pervierte el fondo del sistema.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 7 de diciembre de 1998