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El depósito sufrió en verano un incendio incontrolado

Vicente G. Olaya

El depósito de seguridad de San Fernando sufrió este verano, por primera vez en 11 años, una situación de emergencia. El episodio, que no fue hecho público, se originó después de que los restos químicos de una fábrica de Torrejón de Ardoz que se quemó, y que estaba dedicada a la fabricación de productos para piscinas, fueran enterrados en el depósito. Los análisis que se realizaron antes de su admisión sólo dieron como resultado que se trataba de productos relacionados con el cloro. Sin embargo, el cargamento también incluía algunos restos de las construcciones derruidas en el incendio, que, mezclados con el cloro y los productos que se almacenaban en el depósito, provocaron un sorprendente incendio ("volcancito", en palabras de los responsables del depósito).El fuego puso inmediatamente en alerta a los bomberos, quienes se dirigieron a las instalaciones. Los servicios de extinción regionales, sin embargo, no pudieron entrar en las instalaciones: los técnicos se lo impidieron. Y es que si los bomberos hubieran derramado agua sobre el volcancito, éste se habría convertido en una verdadera erupción. Los responsables del vertedero tuvieron que abrir en canal la zona afectada para extraer el cloro y poder detener así la reacción química.

Dudas municipales

Ante estas situaciones, la alcaldesa de San Fernando, Montserrat Muñoz, reclama la constitución de una comisión que haga un seguimiento de las sustancias que entran en el vertedero. "Porque no sabemos lo que hay enterrado allí", indica. El jefe del Servicio de Infraestructuras Ambientales replica que la creación de esta planta de seguridad fue "un gran paso" respecto al tratamiento que se hacía hasta hace unos años de los residuos tóxicos y peligrosos: "Están perfectamente controlados y sin peligro de que puedan contaminar".La planta tiene capacidad para 300.000 metros cúbicos de residuos, que pueden ampliarse notablemente si se realizan nuevas obras de acondicionamiento de terrenos cercanos. Los técnicos calculan que el vertedero puede seguir funcionando a pleno rendimiento unos quince años más. Cuando el basurero no pueda ser ampliado más, se cerrará. Sus gestores replantarán entonces la zona con especies comunes en los alrededores y durante 50 años se vigilará.

Actualmente, la Comunidad hace análisis continuos de los pozos cercanos a las instalaciones. Nunca se han encontrado alteraciones en las aguas causadas por la actividad del basurero. Los nueve operarios de la planta pasan también controles médicos anuales.

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Sobre la firma

Vicente G. Olaya
Redactor de EL PAÍS especializado en Arqueología, Patrimonio Cultural e Historia. Ha desarrollado su carrera profesional en Antena 3, RNE, Cadena SER, Onda Madrid y EL PAÍS. Es licenciado en Periodismo por la Universidad CEU-San Pablo.

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