El Gobierno británico descarta que un pacto político pueda evitar la extradición del ex dictador

El Ministerio de Interior británico negó ayer la existencia de un pacto diplomático entre el Reino Unido y Chile para evitar el proceso de extradición de Augusto Pinochet. "No son más que especulaciones", señaló un portavoz del ministro laborista Jack Straw, a quien la legislación británica otorga la primera y última palabra sobre el futuro del ex dictador y senador vitalicio chileno.El Home Office respondía así a una información del diario conservador The Daily Telegraph que apuntaba ayer hacia un compromiso diplomático para resolver por vía urgente el caso Pinochet. De acuerdo con la información publicada por el rotativo, la delegación de simpatizantes del general, encabezada por Pablo Longueira, presidente del partido pinochetista Unión Demócrata Independiente, que se ha trasladado esta semana a Londres, tiene como misión convencer al ex dictador para que acceda a ser interrogado en suelo británico por el juez Baltasar Garzón y dar así sensación de colaboración con la justicia.

Siguiendo las mismas fuentes, Longueira actúa en estos momentos de intermediario entre el Gobierno chileno y el propio Pinochet. En su visita a la lujosa urbanización de Wentworth, donde murió el general carlista Ramón Cabrera tras exiliarse a Inglaterra a mediados del siglo pasado, Longueira habría pedido a su nuevo y forzado inquilino que colabore con las investigaciones de Garzón. Además, según el Telegraph, el político le ha trasladado al general que sería adecuado un acto de contricción, como el de pedir algún tipo de perdón. Esta tesis es contradictoria con las declaraciones del entorno de Pinochet. El ex caudillo chileno jamás se ha arrepentido, al menos públicamente, de los actos brutales de su gestión tras el golpe militar de septiembre de 1973, que dejaron un balance de más de 3.000 muertos o desaparecidos.

Los aliados de Pinochet y el Gobierno chileno confían en lograr un compromiso satisfactorio que permita crear un ambiente adecuado para que el ministro Straw pueda paralizar los trámites de la extradición España.

El ministro de Interior debe pronunciarse sobre el inicio de los trámites de extradición antes del 11 de diciembre. Ese puede ser el instante adecuado para esgrimir motivos políticos o razones humanitarias y frenar el proceso de extradición La decisión del ministro, al ser administrativa, es recurrible. Por ello, los abogados de las víctimas solicitaron esta semana que Straw les adelante su decisión con el fin de poder preparar ese recurso y evitar que el general tome el avión sin que un juez dé su opinión al respecto. Straw también tendrá la palabra al final del proceso, cuando la Cámara de los Lores, si se agotan todos los recursos, confirme o rechace esa petición de extradición.