El laberinto judicial no ha terminado

La historia legal de Mari Ángeles ha durado la mitad de su vida pero está lejos de concluir. En el caso de que la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla fuera revocada de manera definitiva e inapelable, la familia que la acoge actualmente aún debería iniciar el proceso legal de adopción.Por lo menos, la pareja de Benamaurel cuenta con el apoyo de la Junta de Andalucía. "Si todo sale como esperamos y se revoca la sentencia, pondremos en marcha el proceso para que se lleve a cabo la adopción", aseguraba ayer el consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña. En primer lugar, la familia deberá tener la opción de adopción y posteriormente (por vía judicial, y esta vez sin errores administrativos) obtenerla con todo derecho.

Este caso es uno de los que con más propiedad que se merecen el manido calificativo de kafkiano. Los fallos formales, los cambios legales e incluso la descentralización administrativa se han cruzado cruelmente en la vida de Mari Ángeles.

La tensión generada alrededor de esta situación ha motivado numerosos cruces de acusaciones. La asociación de defensa infantil Prodeni ha acusado a la Junta de ser la causante de todos los problemas de la menor. En un momento de tensión mientras esperaban la salida de la niña en la antesala de los juzgados, el abogado de Prodeni, Juan Pedro Oliver, explotó ayer con nerviosismo y aseguró que la presencia de dos letradas del gabinete jurídico de la Consejería de Presidencia en el testimonio de la niña no era más que una estratagema para llevársela a un centro de acogida de menores. Prodeni quería estar presente, pero el caso judicial, en realidad, lo había perdido la propia Junta frente a los padres adoptivos de Mari Ángeles.

Por su parte, el consejero Pérez Saldaña se sacude las críticas y asegura que, cuando la niña fue supuestamente vendida y después adoptada legalmente, la Junta de Andalucía no tenía aún competencias en ese campo.

Tras entonar un leve mea culpa en la rocambolesca situación del defecto de forma cuando se procedió al desamparo (quitarle a la niña a su madre sin previo aviso e ingresarla en un centro de acogida), la Junta aseguraba ayer que "se trata de un acto administrativo" para el que no es necesario pedir autorización judicial. Además, con las nuevas leyes sobre protección y derechos de los menores nacionales (1996) y andaluzas (1998), la entrega a la familia de Dos Hermanas hubiera sido totalmente legal, como se hizo entonces, y no habría tenido éxito del recurso de la pareja de Bormujos.

"La verdad es que la Audiencia de Sevilla se ha fijado en exceso en la forma y se ha olvidado del fondo de la cuestión, ignorando que había algo tan sensible como un menor detrás de todo esto", se lamentó ayer el consejero Pérez Saldaña que insistió en los desequilibrios mentales de la primera madre adoptiva y aseguró que la comparecencia de la niña ante el juez fue una idea suya "para que hablara la víctima real de todo esto".