Del desencuentro a la razónFRANCESC DE CARRERAS

"El amplio rechazo que ha levantado la propuesta de un pacto fiscal para Cataluña en buena parte de los políticos españoles y que, a renglón seguido, ha sido azuzado como algo intrínsecamente perverso para los intereses de España desde los instrumentos mediáticos que controlan es, quizás, el ejemplo más ilustrador en mucho tiempo de la pervivencia del desencuentro histórico entre Cataluña y España". Con este alarmante texto comienza José Antich, responsable de la sección de política de La Vanguardia, su habitual columna de los lunes en dicho periódico. Antich es un periodista hábil y bien informado, sobre todo de lo que se opina en los pasillos del Gobierno de la Generalitat. Y la frase no tiene desperdicio. Permítanme que vuelva a repetir lo esencial: el rechazo a la propuesta de Pujol "es, quizás, el ejemplo más ilustrador en mucho tiempo de la pervivencia del desencuentro entre Cataluña y España". Pasemos a analizarla. Primera cuestión: ¿cuál es la propuesta de Pujol? En sustancia, lo que pide el presidente catalán en el llamado "pacto fiscal" es, de hecho, un sistema de financiación semejante al vasco y al navarro, de acuerdo con el cual la Generalitat recaudaría la totalidad de los impuestos y entregaría parte de ellos, mediante pacto previo -mediante el "cupo", según la terminología vasca-, al Estado. No hay duda que la propuesta es innovadora y rompe claramente con el sistema actual de financiación de las comunidades autónomas, el cual incluye los modelos vasco y navarro como excepciones constitucionales basadas en los llamados "derechos históricos", cuyo fundamento real es más que discutible a fines del siglo XX. Las reacciones negativas a la propuesta Pujol eran, por tanto, absolutamente previsibles. Segunda -y más significativa- cuestión: ¿por qué el rechazo al "pacto fiscal" es el ejemplo más ilustrativo del "desencuentro entre Cataluña y España", según nos dice Antich? Una afirmación de este tipo sólo puede sustentarse en dos presupuestos: la opinión de Pujol es la voz de Cataluña y los críticos -Rajoy y Maragall, por ejemplo- son la voz España. Es decir, el debate legítimo y abierto entre estos tres dignísimos políticos situados en formaciones distintas se transforma en una nueva etapa de la "disputa entre dos naciones que no encuentran su encaje", para utilizar unos términos que gustan a los nacionalistas. No hay duda que por este camino no vamos a llegar a ninguna solución razonable. Porque, ciertamente, el tema es importante y su discusión pública es absolutamente necesaria. La percepción que tenemos muchos ciudadanos de Cataluña es la de que el Estado ha invertido poco en infraestructuras -carreteras sobre todo, pero también ferrocarril, puertos, aeropuertos- si lo comparamos con la inversión que se ha necesitado para la gran transformación operada en el resto de España. Esta desigualdad en el gasto y la inversión pública estatal provoca recelos y supone un freno importante al desarrollo de Cataluña. Y así como esta percepción primera tendería a dar la razón a Pujol, también son convincentes los argumentos de Rajoy respecto a otra parte de la propuesta del presidente de la Generalitat: el supuesto trato fiscal discriminatorio que sufren los catalanes. En efecto, en una sociedad económicamente tan compleja como la actual, es muy difícil, si no imposible, territorializar exactamente los impuestos que pagan las personas y las sociedades y poder afirmar, con un mínimo de certeza, cuánto pagan el conjunto de los ciudadanos catalanes, extremeños o madrileños (debiéndose subrayar, por cierto, que estos últimos son, utilizando los criterios de Pujol, quienes más aportan per cápita a las arcas estatales). Por tanto, la discriminación fiscal no aparece muy clara. Mucho más fáciles de comprobar son los gastos directos del Estado en Cataluña, así como la financiación de la Generalitat. Tales números se encuentran con facilidad en las leyes respectivas de presupuestos tanto del Estado como de la Generalitat. Y en este punto es donde las quejas de Pujol son menos comprensibles ya que los presupuestos estatales de los cinco últimos años han sido realizados con su voto favorable y los de la Generalitat son, con muy ligeras enmiendas, los que propone su Gobierno. Es cierto, sin duda, que tales acuerdos pueden haber sido algo forzados, escogidos como mal menor. Pero, en cualquier caso, la política casi siempre es transacción y uno debe hacerse responsable de los pactos que realiza aunque, por definición, no le satisfagan plenamente. Lo que no puede hacerse es estar en misa y repicando. Bien, no hay duda de que el tema está sobre la mesa, es obvio que no ha alcanzado una solución definitiva y es necesario que las distintas fuerzas políticas, así como los técnicos en la materia, expongan sus respectivas propuestas para que sean debatidas con argumentos racionales. Es decir, todo lo contrario de los planteamientos metafísicos y esencialistas en que se dramaticen supuestos desencuentros históricos y agravios colectivos entre unos sujetos tan inasibles como son España y Cataluña. Mezclar los sentimientos con las cifras y las razones es la mejor manera de oscurecer el problema y confundir al ciudadano. Lo cual quizás es el objetivo: abandonar la filosofía de la Declaración de Barcelona -y para demostrarlo se manda al responsable exactamente lo más lejos posible-, pasar de un tema fuerte como es el de la autodeterminación al más light de las selecciones deportivas catalanas -que suministran más conciencia nacional a menos precio- y, por último, situar en el centro del debate el déficit fiscal con el Estado, asunto lo suficientemente complejo como para generar sentimientos intuitivos de adhesión que permitan ocultar la realidad de un déficit de la Generalitat que, si fuera conocido, no sería perdonado por el electorado. Si éste es el objetivo, utilicemos sin límite las grandes palabras vacías: digamos, por ejemplo, que perviven los desencuentros históricos. Si, por el contrario, queremos solucionar problemas concretos, hagamos funcionar la razón.

Francesc de Carreras es catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.