Apego a la tierra

Una cuadrilla poda las ramas de los melocotoneros. "Tienen tres años, aún les falta uno para estar a plena producción". Los árboles apenas superan el metro y ocupan poco más de dos hectáreas. Hace siete meses y medio, los frutales eran muchos más y como apostilla José Antonio Álvarez, el dueño La Ribera, "de cuatro años, y mucho más grandes". Un día, los troncos de esos melocotoneros de cuatro años amanecieron manchados de negro. El Guadiamar, el río con el que linda la finca, había rebasado sus límites naturales y esta vez no se trataba de una crecida: la balsa minera de Aznalcóllar había reventado y su contenido de lodos tóxicos se desparramaba hacia Doñana. Las aguas del Guadiamar parecen haber recuperado su color habitual, pero el ir y venir de camiones de gran tonelaje y las grandes explanadas de tierra a ambos lados de río - antes márgenes llenas de vegetación-, indican que el valle no ha vuelto a la normalidad. De lo que sus habitantes están seguros es de que las cosas no serán más como antes de aquel 25 de abril. "Si no se hubiesen talado esos melocotoneros, ahora estos hombres tendrían trabajo para un mes y no para tres días", asegura el dueño de La Ribera, señalando a la decena de hombres que poda los frutales jóvenes que quedaron en la parte no afectada por la riada. José Antonio Álvarez y su esposa, Carmen Moraira, no están dispuestos a dejar su finca de 28 hectáreas y se indignan cuando oyen que los que se oponen a vender sus tierras a la Consejería de Agricultura son "unos cuantos terratenientes". "Nosotros no queremos que nos avasallen, se está empezando a construir la casa por el tejado", sostiene Álvarez. El corredor verde que pretende realizar la Junta de Andalucía a partir de las tierras por las que pasó el vertido le parece "innecesario". Al menos 30, de los más de 150 propietarios afectados, se resisten a vender sus tierras a Agricultura, bien porque creen que los precios marcados por la Mesa de Valoración de la Consejería son demasiado bajos o porque no quieren dejar de cultivar estas tierras de vega. La Ribera ocupa, en el término municipal de Sanlúcar la Mayor, la esquina que forma el Guadiamar con el puente de Las Doblas, el mismo que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), escoge en su último informe como hito para diferenciar la zona -la más cercana a la mina de la empresa Boliden-, en la que quedan "niveles altos a muy altos" de contaminantes en el suelo, del resto de terreno afectado, unas 4.000 hectáreas en total. "No creo que la contaminación sea tan grave", indica Álvarez. Y acusa al presidente del CSIC, César Nombela, de "alarmista": "¿Quién se va a querer acercar a la vega a comprar fincas o productos?". Este grupo de propietarios se ha alejado en los últimos días de Asaja, la asociación que ha defendido los intereses de los agricultores y que, desde hace dos semanas, ha retomado las conversaciones con la Consejería de Agricultura para alcanzar acuerdos con la mayor parte de los afectados. "Si hace falta esperamos dos años, pero no nos iremos hasta que alguien nos diga que no se puede cultivar aquí". El presidente del CSIC dejó claro en la exposición de su último informe que, si se aplican las técnicas de remediación que los científicos proponen, los suelos quedarán libres de contaminantes, aunque no supo precisar cuándo. La intención del Gobierno andaluz es hacerse con los terrenos para realizar el corredor verde, y si no se ponen en venta, recurrirá a la expropiación. "Muy pocos podrían aguantar un proceso judicial de cinco años", reconoce el dueño de La Ribera, quien reclama "como último recurso", que los propietarios se incorporen al diseño y gestión del corredor forestal. Para ello han pedido el respaldo de los alcaldes de los 12 municipios afectados. Los agricultores mantuvieron una reunión con el alcalde de Sanlúcar la Mayor, Eustaquio Castaño, para transmitir sus reclamaciones a la plataforma de municipios. "Queremos que nos digan las cosas claras para poder ayudar", explica Castaño, dolido por haberse enterado "por la prensa" de las últimas conclusiones de CSIC. El alcalde de Sanlúcar la Mayor y los otros 11 regidores expondrán hoy al grupo socialista en el Parlamento , los problemas de estos agricultores, entre otros muchos que aún colean tras el vertido. "Aún no hemos recibido respuesta", dice Castaño sobre los 23.000 millones de pesetas en compensaciones pedidos a Junta y Gobierno central.