El conflicto por el acuerdo pesquero amenaza con desatar una crisis sobre Gibraltar

El "compromiso, entendimiento o acuerdo" alcanzado por los ministros de Asuntos Exteriores de España y el Reino Unido, Abel Matutes y Robin Cook, el pasado 5 de octubre en Luxemburgo, para la pesca en las aguas próximas a Gibraltar corre el riesgo de naufragar ante interpretaciones abiertamente dispares. El ministro principal del Peñón, Peter Caruana, niega en una carta dirigida a EL PAÍS que exista el acuerdo en los términos que alega el Gobierno español y adjunta, como prueba, una carta del Ministerio británico de Exteriores. Matutes ha reclamado por escrito a Londres el respeto al compromiso. En caso de no recibir una respuesta positiva, Madrid puede endurecer su política sobre el Peñón.

El escrito enviado a Londres por Abel Matutes ha motivado la carta abierta de Peter Caruana, quien desde el principio se ha opuesto al acuerdo para la pesca en aguas del Peñón."Conviene aclarar, para tener bien informados a sus lectores, que no soy yo el que se niega a hacer lo que usted me atribuye, sino el propio Reino Unido, que niega haber hecho un acuerdo en los términos que alega el Gobierno español. En una carta que me dirigió la ministra [secretaria de Estado] de Asuntos Exteriores británica, Joyce Quin, el 5 de noviembre (y que yo hice pública) dijo textualmente: "Por supuesto, en ningún momento el Reino Unido se ha planteado negociar o alcanzar un acuerdo para romper o cambiar las leyes de Gibraltar".

El fondo del asunto está en la interpretación que británicos y gibraltareños hacen del acuerdo "verbal" negociado por Matutes y Cook y sobre si es compatible con la legislación gibraltareña.

Según la parte española, el acuerdo permite la pesca en las aguas en litigio próximas al Peñón en función de las líneas siguientes: máxima contención y prudencia de la Policía naval gibraltareña y respeto de los pescadores españoles; no pescar en una franja de 200 metros próxima a la costa y considerada de "seguridad militar", y el número de barcos con las redes caladas no debe exceder de tres y la presencia total de pesqueros españoles no debe ser muy numerosa.

Madrid considera que el acuerdo suspende, de hecho, la legislación gibraltareña de medio ambiente, que prohíbe faenar en esas aguas, lo que el Peñón no acepta. Por su parte, Londres dice que todo es compatible: "Acordamos volver a la situación que prevaleció durante el periodo 1991-1997", cuando "los pescadores españoles entraban en aguas de Gibraltar en número moderado y no en gran número".

El problema para Londres es que existe una ley gibraltareña que no era aplicada estrictamente entre 1991 y 1997. Al aumentar el número de barcos españoles, afirma, las autoridades gibraltareñas empezaron a aplicar estrictamente la ley sobre unas aguas sobre las que no tienen soberanía, en opinión de España.

Aguas en litigio

El hecho de que el acuerdo fuera "verbal" obedece a que tanto España como el Reino Unido no han pretendido "una mejora de sus posiciones sobre la soberanía de las aguas en litigio, lo que necesariamente hubiera sido el caso en un acuerdo formal por escrito, pues una de las dos posiciones habría necesariamente prevalecido sobre la otra", según afirma un documento del Ministerio español de Exteriores en el que se explica el alcance del compromiso.Para la diplomacia española, la aplicación del acuerdo no entrañaría ningún problema si existiera buena fe por parte de las autoridades gibraltareñas y una actitud más diligente del gobernador del Peñón, designado por Londres. La diplomacia española quiere que el Gobierno británico respete el compromiso y, a través del gobernador, de quien depende la Policía naval, se permita la pesca en los términos acordados.

La actuación de la Policía naval gibraltareña, que hostiga a pesqueros españoles, ha traído consigo la presencia de unidades de la Guardia Civil del Mar, lo que, a su vez, genera tensiones con las autoridades británicas, dado que la soberanía de esas aguas está en litigio. La tensión con los pescadores españoles no ocurre todos los días, pero ya ha dado lugar a algunas medidas por parte de las autoridades españolas, que han aplicado controles más estrictos en la Verja.

En medios diplomáticos españoles se considera que el problema pesquero, menor en términos relativos, puede afectar a las negociaciones de fondo sobre la soberanía de la colonia británica.

Matutes sigue esperando una respuesta a su propuesta de ofrecer a la colonia británica una amplia autonomía, superior a la que actualmente tiene bajo soberanía británica, con un largo periodo de transición bajo una soberanía hispano-británica. Londres mantiene que no adoptará ninguna decisión que no cuente con el visto bueno de los gibraltareños, cuyos representantes han rechazado en principio la propuesta, aunque ha sido objeto de debate en algunos medios. El estancamiento del diálogo puede generar el endurecimiento de la posición española.