El Tribunal Superior admite el recurso del PI contra el traslado del casino

El Tribunal Superior ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo planteado por el Partit per la Independència (PI) contra el traslado del casino de Sant Pere de Ribes (Garraf) a Barcelona. Por lo tanto, la última palabra sobre la legalidad del cambio de ubicación del casino la tendrá la justicia. La polémica suscitada se había movido hasta la fecha en el terreno político: PI e Iniciativa per Catalunya eran contrarios al traslado, ya que lo consideraban ilegal, y la Generalitat alegaba todo lo contrario.

Pilar Rahola, cuarta teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona y vicepresidenta del PI, mostró ayer su satisfacción ante la decisión del Tribunal Superior: "Es el primer éxito legal en la batalla contra el traslado del casino y demuestra, además, que la Generalitat no tenía razón al afirmar que no se podía cuestionar la legalidad". El PI ya había presentado un recurso ante un tribunal de lo contencioso por la resolución del Departamento de Gobernación de autorizar el traslado. Ese recurso fue rechazado porque no se había agotado el trámite de impugnación ante la propia Administración. Por ello, el PI volvió a presentarlo el pasado 9 de noviembre, demanda que en esta ocasión sí ha sido admitida por la sección quinta de lo contencioso-administrativo. Según una providencia del citado tribunal, se ha otorgado un plazo de 20 días al Departamento de Gobernación para que entregue al magistrado ponente el expediente administrativo que dio vía libre al traslado. Lo que no hace el tribunal, todavía, es pronunciarse sobre la petición de suspensión cautelar, también solicitada de forma paralela por el PI. Según la citada providencia, esta petición se estudiará de forma separada al asunto de fondo: si el traslado cumple las normativas legales o no. En principio, suele ser excepcional que los jueces acuerden la suspensión cautelar de un acto administrativo impugnado. La razón más frecuente de ello es la protección del interés general que se antepone a lo que pueda plantear un demandante. Fuentes consultadas apuntaron que, en este caso concreto, al tratarse del traslado de un casino, difícilmente se podrían argumentar razones de interés general. Para el PI, el motor que ha movido a la Generalitat a autorizar dicho traslado al hotel Arts de la Vila Olímpica de Barcelona ha sido el ánimo de velar por los intereses particulares de Inverama, la sociedad que, en manos de Artur Suqué, explota los tres casinos de Cataluña. En palabras de Rahola, Xavier Pomés ha actuado como "consejero de Inverama" y no de Gobernación. En cualquier caso, difícilmente se puede esperar una resolución rápida sobre el fondo del asunto, dada la acumulación de expedientes que padecen las salas de lo contencioso-administrativo. Lo que plantea el recurso presentado por el PI es que el traslado es ilegal por varios motivos. Un real decreto de 1977 prohíbe la instalación de casinos en poblaciones de más de 300.000 habitantes y, de manera expresa, cita las ciudades de Madrid, Barcelona y Bilbao. La Generalitat alega que esta normativa es preconstitucional y, por lo tanto, no aplicable. Las competencias en materia de juego corresponden a la Administración autonómica que, no obstante, no ha desarrollado un reglamento tras la aprobación de la ley de 1984. Otras motivos del PI son de carácter social. Así, apunta el riesgo que supone la instalación de un casino en un sitio tan céntrico como la Vila Olímpica, muy frecuentado por gente joven. Esa razón no la plantea sólo el PI, sino también la asociación que agrupa a ex ludópatas y que ha promovido la creación de una plataforma cívica que se opone tajantemente al traslado del casino. El Ayuntamiento de Barcelona no se ha opuesto al traslado del casino, aunque ha impuesto dos condiciones. Una, la temporalidad de la licencia que limita a cinco años la ubicación en la Vila Olímpica y, dos, la obligatoriedad de que las máquinas tragaperras no estén en un una zona de libre acceso del casino. Iniciativa per Catalunya-Els Verds y el PI plantearon su oposición al traslado del casino ante el pleno del Ayuntamiento en forma de moción. La iniciativa no consiguió prosperar porque el PSC contó con el apoyo de la oposición del PP y de CiU.