La privatización de Cigesa sólo recibe tres ofertas de grupos interesados
Cuatro de las siete empresas que optaban a la concesión de la gestión del Centro Informático de la Generalitat (Cigesa) -en lo que se ha dado en llamar el contrato del siglo de la Administración catalana- han decidido retirarse. Hoy se abrirán las plicas con las oferta de las tres firmas interesadas en la privatización de esta empresa pública catalana: el grupo Fihoca-Siemens-La Seda-Retevisión Cable, Indra y Debis. Los sindicatos preparan concentraciones ante la Generalitat como señal de protesta.
El ambiente de euforia con el que muchas empresas recibieron el contrato del siglo de la Generalitat -ya que suponía la posibilidad de conseguir una facturación garantizada de 20.600 millones de pesetas- ha cambiado radicalmente. La adjudicación se realizará por cuatro años. Cuatro de las siete empresas que optaban a la adjudicación de Cigesa han renunciado, alguna de ellas mediante un escrito formal de desestimación. Entre las empresas que no han presentado oferta en firme destacan Gedas VW (filial del grupo alemán Volkswagen), IBM, Centrisa y Sema Group. La apertura de plicas, que tendrá lugar hoy en un acto presidido por Xavier Trias, consejero de la Presidencia, deberá decidir entre las ofertas en firme del grupo Fihoca-Siemens-La Seda-Retevisión Cable; la empresa pública Indra, o la filial de Daimler-Benz, Debis, junto a Cap Gemini. Fuentes del sector insisten en que el concurso puede quedar desierto, convocándose de nuevo después de las próximas elecciones. El contrato de outsourcing (externalización) de la gestión de la informática de la sociedad pública que controla la nómina y los datos de los funcionarios de la Generalitat representa el proyecto privatizador más importante acometido por la Administración catalana. Cigesa funciona como tal desde hace 15 años y sus trabajadores han criticado la decisión de privatizarla ya que supone una futura pérdida de independencia. La retirada de las empresas podría tener su origen en una serie de denuncias que 500 funcionarios han hecho ante la Agencia de Protección de Datos, La Unión Europea y los tribunales contencioso-administrativos. Estas denuncias se deben a supuestas "improvisaciones" en el proceso adjudicador, que dejan en manos privadas información personal sobre los funcionarios (datos fiscales, profesionales, académicos, etcétera). La Generalitat tiene 127.000 funcionarios. La Administración catalana se apoyó en la consultora Mc Kinsey para definir las condiciones de la adjudicación. Los candidatos disputan 60 puntos que se adjudican en función a la garantía de sus servicios técnicos, y otros 40 puntos con el precio que están dispuestos a pagar. Según la consultora, el contrato multimillonario se valora en 4.500 millones de pesetas. Sin embargo, el concurso restringido tiene su mínimo fijado en 3.000 millones. Precisamente ayer, CC OO entregó unas 500 firmas de funcionarios catalanes que, invocando el artículo18 de la Constitución, notificaban al presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, que "no autorizan" que sus datos personales sean cedidos a una empresa privada. Otros sindicatos, como la Confederación Sindical de Cataluña, preparan escritos similares. Los trabajadores de Cigesa han convocado para hoy -coincidiendo con la apertura de las ofertas de los aspirantes- una huelga parcial de tres horas. La plantilla, compuesta por 420 trabajadores -todos ellos no contratados como funcionarios- ha convocado una concentración frente al Palau de la Generalitat. La Administración catalana ha asegurado que los empleos de Cigesa están garantizados.
