España se arriesga a perder 400.000 millones al año con la reforma de la UE

Pintan bastos para España en la reforma de las finanzas comunitarias. Si se aprobaran las propuestas de reforma de la financiación de la UE que la Comisión Europea ha puesto sobre la mesa y Bonn lograra su objetivo de suprimir el Fondo de Cohesión para los países que han accedido al euro, España perdería más de 400.000 millones de pesetas al año mientras Alemania se ahorraría casi medio billón.Estas cifras se desprenden de los datos que maneja Bruselas y de dos documentos internos de los ministerios de Economía y Trabajo en los que no se evalúa de forma global el coste de esas reformas pero sí en algunos sectores. Se reconoce, por ejemplo, que sólo en el Fondo Social Europeo el recorte de subvenciones para España puede superar los 137.000 millones de pesetas al año.

Economía apenas prevé modificaciones en las ayudas destinadas a las regiones más pobres (las englobadas en el llamado Objetivo 1), y que suponen los dos tercios de los fondos estructurales, al margen del Fondo de Cohesión, que tiene un presupuesto propio. Pero el reparto de las ayudas restantes, los 11,7 billones de pesetas que en el septenio 2000-2006 deben ir a parar a las áreas con problemas de reconversión (Objetivo 2) y a aquellas con tasas elevadas de paro (Objetivo 3) puede perjudicar seriamente a España si se siguen los criterios que maneja la Comisión.

Incidencia del paro

Los expertos de Economía no se atreven a cuantificar cuánto dinero recibirá España por esos dos conceptos, pero hacen unas extrapolaciones porcentuales del hipotético reparto a partir de los ratios de población y, sobre todo, admiten que la concentración que propone Bruselas en la distribución de ese dinero puede suponer una merma importante de ingresos.Concretamente, en las ayudas del Objetivo 2, la rebaja puede ser de 40.000 millones de pesetas anuales, aunque Economía confía en que se logre mantener el actual nivel si se toma plenamente en cuenta el alto índice de paro de España a la hora de repartir esas ayudas.

En el Objetivo 3, las simulaciones de adjudicación de Economía y Trabajo prevén que los recursos totales asignados a España supongan sólo el 4,2% del total, frente al 12,1% recibido actualmente por ese concepto. Eso supone un recorte de ingresos de otros 40.000 millones de pesetas, aunque también en este caso el Gobierno espera equilibrar la balanza si el reparto tiene en cuenta la tasa de desempleo española.

En su documento, Trabajo sí evalúa cuantitativamente en 137.000 millones de pesetas la disminución de ingresos procedentes del Fondo Social Europeo al quedar excluidos como beneficiarios los territorios que ya reciben subvenciones con cargo a los objetivos 1 y 2. Un alto funcionario reconoce incluso que "esa cifra puede quedar rebasada".

No son ésas las únicas amenazas a las que se enfrenta el Gobierno español en estas negociaciones. La iniciativa de cofinanciar una parte de la política agrícola común (PAC), que ya tiene el visto bueno de la Comisión Europea, supondría para España otra pérdida de ingresos, esta vez de 88.000 millones, mientras la aportación de Alemania se reduciría en 117.500 millones de pesetas. La cofinanciación de la PAC no deja de ser, pura y simplemente, la ampliación a la agricultura de un principio que ya actúa en los fondos estructurales: que cada país se pague una parte de las ayudas que consume.

Si la cofinanciación acaba imponiéndose, la mayor amenaza agrícola que se cierne sobre España pierde fuelle. Se trata de la iniciativa alemana de suprimir el Fondo de Cohesión a los países que ingresen en el euro. Para España hubiese acarreado pérdidas de 221.000 millones si se hubiese aplicado ya en el ejercicio de 1997, en el que recibió 252.000 millones de pesetas de este fondo y aportó a sus arcas 31.000 millones. Madrid tiene más posibilidades de resultar vencedora de esta pelea desde que los servicios jurídicos del Consejo de Ministros han dictaminado que la pertenencia al euro no supone ningún obstáculo para seguir beneficiándose del Fondo de Cohesión.

La única propuesta de reforma que maneja la Comisión Europea que implica ventajas para España es la eliminación del llamado cheque británico, un mecanismo de devolución al Reino Unido de parte de su contribución. Esta supresión ahorraría al presupuesto español más de 36.000 millones de pesetas anuales.