La Junta denuncia recortes en los fondos para servicios sociales

Menos dinero para servicios sociales y un agravio respecto a comunidades autónomas con más recursos. Éstas serían las consecuencias para Andalucía si se aprueban los criterios que fijan el reparto de dinero asignado por el Gobierno central al Plan Concertado de Servicios Sociales. Así lo denunció ayer en Guadix el consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña. Los nuevos parámetros que el Ministerio de Trabajo pretende establecer perjudican, según Saldaña, a las comunidades más pobres: Andalucía, Extremadura y Castilla La Mancha, gobernadas por el PSOE.

Por el contrario, aseguró el consejero, los nuevos criterios beneficiarán a Cataluña y País Vasco, regiones gobernadas por los socios del PP en Madrid. Pérez Saldaña realizó estas declaraciones antes de clausurar en Guadix las jornadas de evaluación del Plan Nacional Concertado de Servicios Sociales, puesto en funcionamiento hace 10 años por el Gobierno socialista. Un sistema, dijo, "que pese a su juventud ha sentado las bases del Estado de Bienestar en España, junto a la educación y la sanidad". El plan ha contado este año con un presupuesto de 84.000 millones de pesetas. Su financiación se reparte entre el Ministerio (15%), las comunidades autónomas (27%) y los ayuntamientos y diputaciones provinciales (58%). Saldaña manifestó su descontento con la distribución de estas aportaciones, "ya que el compromiso del plan es que cada parte financie un 33%". A pesar de que la Administración central aumentará su aportación para el próximo ejercicio en un 5%, el consejero acusó al PP de no creer en las políticas sociales y no considerar el gasto social como una inversión. "El gasto del Gobierno central en este ámbito en los últimos tres años ha disminuido 2,1 puntos del PIB. Lo que significa un descenso importante de dinero destinado a las pensiones de jubilación y la lucha contra el desempleo", dijo. Modificación En la actualidad, los alrededor de 11.500 millones de pesetas que el Ministerio de Trabajo aporta al Plan Concertado se reparten entre todas las comunidades atendiendo a criterios de población (90%) y desigualdades sociales (10%). A mayor censo y mayor precariedad, más dinero. La idea es que desaparezca prácticamente el criterio de la desigualdes sociales, según Saldaña. "La modificación está acorde con la línea planteada por el socio del Gobierno, CiU: que la población tenga el mayor peso, porque entiende que no existen desigualdades sociales entre las distintas comunidades", añadió el consejero, que aseguró que la propuesta beneficiaría a Cataluña y País Vasco y, en general, a todas las regiones gobernadas por el PP, excepto Madrid y Murcia. "Recibiríamos menos dinero. Pero lo peor es que se busca que los futuros repartos no sigan los parámetros de la lucha contra la desigualdad que dentro de España se da", afirmó Saldaña. La medida debe debatirse aún en una próxima Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, que reunirá a todos los consejeros del ramo y en la que el de la Junta se opondrá frontalmente por considerarla un agravio comparativo.