El fiscal de Sevilla descarta riesgos para la salud por el vertido tóxico

Los metales pesados que contenían los lodos que desbordaron el río Guadiamar, el pasado 25 de abril, no han llegado al aire y a la fauna en suficiente cantidad para poner en peligro la salud de la población de los 12 municipios afectados. O al menos, la fiscalía no tiene constancia de riesgo sanitario alguno por la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar. "No hay el menor atisbo de que se haya producido lesión en la salud de las personas", certificó ayer el fiscal jefe de la Audiencia de Sevilla, Alfredo Flores.Izquierda Unida solicitó hace diez días al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, que estudiara la actuación de las administraciones durante estos meses por si hubiesen incurrido en un delito contra la salud pública. "Si hubiera cualquier problema que afectase a la salud de las personas, se habría investigado", matizó Flores que indicó que su departamento está recabando datos "constantemente". El fiscal acompañó en una visita a la Delegación del Gobierno en Sevilla a Cardenal, quien no quiso pronunciarse sobre el caso que se instruye en un juzgado de Sanlúcar la Mayor.

La coalición sostiene que, dada la concentración de metales pesados, la Junta de Andalucía debía haber suspendido cautelarmente la venta de moluscos y crustáceos de la desembocadura del Guadalquivir tras el desastre ecológico, aún cuando no superaran los límites legales. En el último mes y medio, la Consejería andaluza de Salud ha tenido que prohibir el consumo de cuatro especies -galeras, coquinas de fango, camarones y bocas-, por registrar niveles de cobre más altos que los previstos en la normativa.

Instrucción compleja

Cardenal no respondió a los periodistas pero sí al escrito de la coalición. El portavoz de IU para asuntos medioambientales en el Parlamento andaluz, Miguel López Calvo, desveló, en rueda de prensa, que la Fiscalía General del Estado admitía que la instrucción era "compleja" y la normativa afectada "amplia y dispersa". "No se ahorrarán esfuerzos en depurar todas las responsabilidades", se afirma en el escrito de réplica, en el que no se aclara si se investigará un supuesto delito contra la salud pública.Al escrito de IU se unió, el pasado miércoles, una denuncia de Ecologistas en Acción en la que se acusaba al consejero andaluz de Medio Ambiente, José Luis Blanco, de dejación de funciones por no haber declarado una situación de contaminación atmosférica en el valle del Guadiamar este verano. La asociación se basa en informes del Consejo Superior de Investigaciones Científica (CSIC), en los que se decía que la población de Aznalcázar, uno de los municipios afectados, "debió ser alertada".

Por su parte, el presidente del CSIC, César Nombela, se opuso ayer a la intención de Gobierno y Junta de Andalucía de modificar el límite legal de cobre para evitar las prohibiciones. "La normativa existe para algo", zanjó Nombela.