Derechos al gusto

EL CONSEJERO vasco de Justicia en funciones, Sabin Intxaurraga, y su partido (Eusko Alkartasuna) se han "sorprendido" del eco que ha tenido su decisión de incluir la autodeterminación en una campaña conmemorativa de los 50 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, como si fuera uno de estos derechos, cuando en realidad no lo es. El derroche de victimismo es una táctica muy útil para invertir las responsabilidades políticas. Al margen de interpretaciones sesgadas sobre la campaña, que las ha habido y en abundancia, el consejero vasco no puede sorprenderse de que nos sorprendamos de lo esencial del caso: la ignorancia y, lo que es peor, la manipulación partidista que supone introducir de matute la autodeterminación dentro de los derechos humanos establecidos por las Naciones Unidas en el año 1948.La autodeterminación, en primer lugar, no es un derecho individual de la persona, como sí lo son los proclamados en la Declaración Universal. El derecho a la autodeterminación, y así lo ha tenido que reconocer Intxaurraga, no figura en ese documento, sino en otros textos (Carta de las Naciones Unidas de 1945, resolución de la Asamblea General de 1960 sobre la independencia de los pueblos colonizados, entre otros). Por lo tanto, mal puede introducirse en la celebración de este cincuentenario. Nada impide que el consejero de Justicia en funciones y su partido consideren, como nacionalistas que son, que un concepto tan abstracto y controvertido como el de la autodeterminación debe equipararse al derecho a la vida o a la educación de las personas. Pero en lo que no les asiste de ningún modo la razón es en trasladar esa convicción ideológica a una campaña institucional. Y ésta es precisamente la clave principal de la polémica que se ha suscitado: la utilización de lo público, al margen del coste económico que tenga, como vehículo de adoctrinamiento partidista.

Confundir el ámbito institucional con el espacio del partido constituye un vicio tan recurrente como denunciable en algunas fuerzas políticas. A esta insistente desviación se suma, en el caso de los nacionalistas, la de convertir sus legítimas aspiraciones particulares en derechos absolutos por el hecho de proyectarlos sobre el concepto de "pueblo". En tono dolido, como el niño que arroja una piedra al estanque y se enfada por las ondas que provoca, Sabin Intxaurraga ha llegado a acusar de ignorantes a quienes han criticado la campaña. Recordó que el derecho a la libre determinación de los pueblos figura en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que fue suscrito por el Estado español en 1976, por lo que, en aplicación del artículo 96 de la Constitución, forma ya parte de nuestro ordenamiento interno. No estaría mal que el consejero y su partido se creyeran esta plausible argumentación. Así cesaría la sistemática deslegitimación que algunos nacionalistas hacen de la Constitución, precisamente porque no reconoce de modo explícito ese derecho tal y como ellos lo interpretan: a su modo y gusto.