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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Dinero suelto

A PESAR del dilatado plazo que ha mediado entre el anuncio de la reforma del impuesto sobre la renta y el inicio de las medidas concretas para ponerla en marcha, los ciudadanos no han tenido hasta ayer mismo una información siquiera aproximada de los efectos que tendrá la rebaja de impuestos sobre sus bolsillos. El secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, anunció finalmente ayer la nueva tabla de retenciones que las empresas aplicarán sobre los salarios a partir del próximo mes de enero para adecuarla a la nueva estructura del IRPF.Aunque la fórmula para calcular las retenciones individuales es mucho más compleja, los contribuyentes asalariados pueden al menos estimar la cantidad que les descontará Hacienda cada mes y conocer lo que ganan con la reforma. Lo que sigue sin estar del todo claro es el coste neto que tendrá para las arcas públicas una reforma tributaria que, por supuesto, cuenta en general con la aprobación ciudadana y que pone en línea, en sus aspectos más generales, el IRPF español con los impuestos que gravan las rentas del trabajo en los demás países que forman la Unión Monetaria. España no debe tener gravámenes ostensiblemente más elevados que los vigentes en el espacio económico donde está integrada.

El descenso de las retenciones explicado ayer por Costa es, pues, una operación necesaria para la aplicación del nuevo IRPF. Según los cálculos oficiales citados por el propio secretario de Estado, Hacienda dejará de ingresar 776.000 millones al año por este descenso de las retenciones en las nóminas, equivalentes a un recorte medio del 17,5% a los contribuyentes. Este notable descenso de la recaudación inmediata de las arcas públicas, mayor en porcentaje para las rentas más bajas, se compensa en una pequeña parte con la invención de una nueva retención del 20% sobre las plusvalías de los fondos de inversión, que, según Hacienda, permitirá una recaudación adicional de unos 155.000 millones.

Las cifras invitan a suponer, en primer lugar, que el efecto económico principal de la reforma será estimular el consumo, puesto que la propensión al ahorro de las rentas más bajas es inferior a su propensión al consumo. Pero, a falta de explicaciones más precisas por parte de Hacienda, la cuantía del dinero que se inyecta en los bolsillos de los asalariados también parece confirmar que el coste de la reforma para el Tesoro Público será mayor que el avanzado, siempre de forma provisional e indecisa, por el Ejecutivo. Primero se habló de 300.000 millones, luego se llegó a 400.000, y finalmente, quizá al medio billón... Sería deseable que, de una vez por todas, con detalle y sin atropellamientos, Hacienda explicara a los ciudadanos cuál será el coste recaudatorio del nuevo IRPF. Sin escudarse detrás de las cifras parciales de retenciones o en cálculos sobre la ganancia media de renta de los trabajadores con el nuevo impuesto, interesantes desde el punto de vista estadístico, pero poco descriptivas de los efectos reales de la reforma ahora no ya sobre el consumo, sino sobre el déficit del sector público o eventualmente sobre otros impuestos, que quizá tengan que subir para tapar este agujero.

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La rebaja en las retenciones no sólo tiene efectos beneficiosos sobre el consumo y, en menor medida, sobre el ahorro. Es evidente que si se aproxima a la liquidación final del impuesto reducirá también el número y volumen de devoluciones. La Administración fiscal obtendrá así un ahorro importante en la gestión del impuesto que debería dedicar a combatir el fraude. Pero la complejidad del nuevo sistema de cálculo de las retenciones que ha inventado Hacienda transfiere una parte de los costes de gestión a las empresas privadas, que, a su papel de recaudadores, van a tener que sumar el de inspectores fiscales suplentes. Por mucho que Hacienda envíe un disquete a cada empresa con las instrucciones precisas, la variación en el sistema de cálculo implica más costes para las empresas, y, por qué no decirlo, un descenso en la inteligibilidad del impuesto para los propio contribuyentes, que no tienen por qué entender complicados sistemas de ajuste y liquidación, incluso aunque los cálculos le vengan dados desde la empresa. Ello no ayudará a aumentar la conciencia fiscal de los contribuyentes.

Hacienda ha perdido una nueva oportunidad para hacer pedagogía sobre el alcance de la rebaja de los impuestos que el Gobierno está defendiendo políticamente. La confusión con que se está explicando desmerece notablemente de la iniciativa de reducir la carga fiscal sobre los españoles, principalmente la que recae sobre los asalariados.

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