El PP culpa a Ortuondo de la querella presentada contra el Ayuntamiento

El Partido Popular responsabilizó ayer a "la soberbia con la que gobierna el PNV" la presentación de una querella criminal contra el alcalde de Bilbao y todo su equipo de gobierno por impedir la apertura de un tanatorio. El PP, que dirigía el área de Urbanismo que dio una respuesta favorable a dicha instalación, censuró con dureza la actuación del alcalde. La querella de la empresa Funeraria Bilbaína, que les acusa de prevaricación, exige más de 1.400 millones de pesetas por daños y perjuicios.

El conflicto con el tanatorio, que se prolonga ya año y medio, tiene su elemento clave a mediados de 1997, cuando la empresa Funeraria Bilbaína consultó al Ayuntamiento la viabilidad del proyecto en el antiguo restaurante Lasa tuvo una respuesta favorable del área de Urbanismo, entonces en manos del PP, que gobernaba junto al PNV. La empresa había invertido 240 millones de pesetas en adquirir dicho local en el barrio de Begoña, pero, tras la ruptura del pacto municipal y la entrada de socialistas e IU, el equipo de gobierno decidió denegar la licencia de obras por la "alarma social" generada entre los vecinos, que se oponían tajantemente. Desde entonces, Funeraria Bilbaína anunció acciones legales y, aunque hubo intentos de aproximación -el área de Urbanismo (PSE) ofreció a la empresa otro solar y el pago de los 240 millones, pero el alcalde Josu Ortuondo (PNV) frustró la operación por su escasa rentabilidad-, el miércoles se presentó la querella criminal contra toda la comisión de gobierno: Ortuondo y nueve concejales más. La funeraria estima que todos ellos incurrieron en prevaricación al denegar la licencia, puesto que sostiene que cumplía todos los requisitos legales para acceder al permiso. "Nos echaron" El PP lanzó críticas al equipo de gobierno por este asunto en el último pleno municipal y su portavoz, Ascensión Pastor, que dirigía Urbanismo cuando se apoyó el proyecto del tanatorio, dijo que su grupo no pudo resolver el asunto "porque nos echaron del gobierno". Ayer, Pastor dijo que la "soberbia" del PNV "ha puesto en entredicho el crédito de este Ayuntamietno y en situación crítica a su maltrecha economía". La concejal popular centró sus críticas en el alcalde, a quien acusó de "anteponer los intereses de su partido al contenido de los informes técnicos que elaboran los funcionarios municipales". "A falta de conocer qué dictamina el juez, esta institución se enfrenta ya a una sentencia más importante y que dictaminarán los bilbaínos, que no pueden sentir más que vergüenza y sonrojo", añadió. El Ayuntamiento ya barruntaba que este asunto podía acabar en los tribunales cuando, en febrero pasado, se denegó la licencia de obras. Fuentes municipales consultadas no descartaron nuevos intentos de aproximación a Funeraria Bilbaína con el fin de evitar el pleito judicial. Tras la presentación de la querella, el juzgado que se encargue del caso debe decidir si admite a trámite la denuncia, lo que abriría la investigación. El Ayuntamiento bilbaíno ya se enfrentó a un pleito por daños y perjuicios similar al suspender la concesión de licencias en el polígono de Miraflores en 1985. Ochos años después, el Tribunal Supremo le condenó a indemnizar con 1.800 millones de pesetas a cinco empresas constructoras.