Sin hijos por falta de recursos

VIENE DE LA PÁGINA 1 Las citadas 30.000 pesetas nada tenían que ver tampoco con el alquiler del que hablaron destacadamente los periódicos. Antonio y Nuria, acompañados de sus hijos, habían ido a pasar las Navidades en casa de los padres del marido y, a la hora de regresar, habían agotado su dinero. A Nuria se le ocurrió que tal vez Lli podría ayudarles. Le pidió 31.000 pesetas y el presunto educador se las envió por giro postal. Consta el resguardo en el sumario, así como la fotocopia de un dietario doméstico, capítulo de deudas donde la mujer anota que debe a Jaume 34.000 pesetas: la suma del dinero del viaje más otros pequeños préstamos. En una de sus declaraciones, Ó. decía que Jaime prestaba a veces dinero a sus padres -pequeñas cantidades- para lo esencial. "No éramos lo que se dice amigos, pero sí confiábamos en Jaime. La verdad es que pensábamos que el niño estaba mejor con él que callejeando por el barrio", explican hoy muy tristemente los padres, como resumen de su relación con el presunto pederasta. Los dos siguen a la espera de juicio, es decir, siguen bajo la presunción de inocencia. Algunos de los fragmentos de su experiencia a lo largo de este año y medio son especialmente turbadores. Antonio Durán, por ejemplo, pasó un mes en prisión preventiva, por la supuesta "alarma social" que el caso había provocado. Pero lo peor para él no fue el tiempo, sino la compañía. Acatando órdenes superiores, de comprensión muy difícil, los funcionarios de la cárcel Modelo decidieron que uno de sus compañeros de celda -eran 3 en no más de 10 metros cuadrados- fuese precisamente Jaume Lli. Juntos, padre y presunto agresor, pasaron un mes entero, hasta que Durán salió en libertad provisional. -¿Cómo aguantó? -Bueno, no le dirigía la palabra. Más de una vez pedí que me cambiaran. Pero no. ¿Qué iba a hacerle? Yo no tengo prontos. Soy tranquilo. La Direcció General d"Assistència a la Infància (DGAI) les retiró de inmediato la tutela de Ó., quien fue ingresado -y ahí sigue- en un centro de acogida. Estuvieron más de 11 meses sin poder verle. Luego empezaron las visitas. Muy espaciadas. Muy controladas. En una queja presentada ante el Departamento de Justicia por la madre y la abuela del niño hay párrafos como éste: "Como mi madre doña Encarnación les llevase unas chocolatinas a nuestros hijos, y por el mero hecho de decir que eran de parte de sus padres, no se las dieron". Lo peor, sin embargo, empezó a ocurrir el 18 de agosto del año pasado. Siguiendo las instrucciones de un telegrama cursado por el Departamento de Justicia cuatro días antes, los padres se presentaron en los locales de la DGAI con su hija Miriam. La abuela de la pequeña había sido la responsable legal de su custodia mientras los padres permanecían en la cárcel. Se trataba de mantener una entrevista, decía el telegrama. Según el relato de Antonio y Nuria, los funcionarios les dijeron que mejor que la niña no entrara con ellos al despacho y se quedara fuera, al cuidado de un monitor. Una vez en el despacho les comunicaron que habían decidido quitarle la custodia a la abuela; que lo mejor para Miriam era su ingreso en un centro de acogida. Se opusieron como pudieron, pero la entrevista había acabado. Al salir preguntaron por la niña, pero ya se la habían llevado. La abogada Lourdes Sancho, representante de los padres, subraya: "La actuación de la DGAI fue ilegal. No había la resolución previa, imprescindible, de la propia DGAI, ni un mandato judicial. Actuaron como si existiera. Meses más tarde, el juez se limitó a refrendar la actuación administrativa". El 4 de este último octubre, la DGAI envió una resolución al nuevo domicilio de Antonio y Nuria: se habían cambiado de barrio siguiendo los consejos de la DGAI, con la esperanza de que así sus hijos volverían antes a casa, y para evitar que en el Raval siguieran insultándoles a cada paso. La resolución percibía "la imposibilidad del retorno de la niña y de su hermano O. con sus padres, ya que según se desprende de los informes la situación de los padres hace que no sean capaces de poder asumir, con unas mínimas garantías, la atención y cuidado de sus hijos, a causa de su propia historia personal, la falta de recursos materiales y un entorno favorecedor de conductas disociales". Tal vez no sea necesario señalar que "la propia historia personal" no era nada más que aquello que se agrupa tras la presunción de inocencia; que si las tutelas de los hijos dependieran de "la falta de recursos materiales", ningún pobre tendría hijos y que "el entorno favorecedor de conductas disociales" era un eufemismo risible que sólo la circunstancia hacía ofensivo. Lo que sí es necesario señalar es que la resolución proponía el acogimiento familiar preadoptivo de Miriam como solución del triple mal detectado. La abogada Sancho ha interpuesto recurso contra esta decisión de la DGAI. Pero aún le asombra tener que haberlo hecho: "¿Cómo es posible que a unos padres que no han estado aún juzgados, y cuya implicación real en el caso no se sostiene, les vayan quitando uno tras otro sus hijos? ¿En nombre de qué ley y de qué justicia?". Antonio y Nuria cabecean, en pleno jet lag moral. Atienden a Daniel, que ya sonríe. Lo pusieron en el mundo, empecinados, hace tres meses.