El alcalde de Sanlúcar rechaza la intención de Junta y Gobierno de subir el límite de cobre en crustáceos

El cobre acumulado en moluscos y crustáceos de la desembocadura del Guadalquivir ha llevado a la Consejería de Salud a prohibir, en el último mes y medio, la comercialización de cuatro especies. Junta y Gobierno aseguran que es un problema legal. "Los niveles máximos no suponen, ni remotamente, riesgos para la salud" indicó Félix Pérez Miyares, representante de la Administración Central en la comisión mixta de seguimiento del vertido en el Guadiamar. Una comisión estudia desde ayer la modificación de los valores máximos de cobre. El alcalde de Sanlúcar de Barrameda, Agustín Cuevas (PSOE), mostró su oposición a esta medida. "Me voy intranquilo", indicó a la salida de la reunión.

El vertido tóxico en el Guadiamar del pasado 25 de abril forzó al Gobierno andaluz a intensificar el control de alimentos en lonjas de Huelva y Cádiz. Y desde entonces, la Consejería de Salud ha prohibido el consumo de camarones, bocas, coquinas de fango y galeras: el cobre que acumulaban superaba el límite legal de 20 partes por millón. "Si para solucionar un problema sanitario hay que modificar la norma, entenderán mi preocupación", dijo el alcalde de Sanlúcar a los periodistas. Cuevas acababa de asistir en Sevilla a la primera reunión de la comisión creada para estudiar la modificación de este límite. "Hemos llegado a la conclusión de que se trata más de un problema legal que de salud", había indicado previamente Pérez Miyares. La nueva comisión está formada por representantes de las administraciones central y autonómica, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y de los alcaldes de los 12 municipios afectados por la riada tóxica. "Todos hemos coincidido en que el cobre es un metal escasísimamente contaminante y poco tóxico", repuso el representante del Gobierno central. La cuestión que debe dilucidar la comisión creada ayer es si la diferencia entre el límite establecido y la cantidad de cobre que supondría un riesgo para la salud justifica una modificación en la norma. "Si se corrobora científicamente que los niveles de cobre no son graves, habrá que proponer alguna salida legal al Ministerio de Sanidad", explicó José Antonio Viera, representante del Gobierno andaluz en la comisión de seguimiento del vertido tóxico. La elevación del límite legal permitiría volver a poner en mercado los moluscos y crustáceos ahora inmovilizados. Más estudios La modificación de la norma del Ministerio de Agricultura y Pesca supondría consensuar un nuevo límite legal. El representante del CSIC, Fernando Iraldo, requirió estudiar las consecuencias de la ingesta de alimentos con esta concentración de cobre y los efectos provocados por la acción combinada de varios metales pesados. "Se arbitrará una medida excepcional durante el tiempo que dure la prohibición", aseveró Viera, ante la perspectiva de un complejo proceso administrativo. Los datos que se analizaron durante la reunión fueron, para el alcalde de Sanlúcar, otro motivo de "intranquilidad". Las galeras -el crustáceo prohibido de mayor salida comer-cial-, de la costa de Chipiona (Cádiz) analizadas por la Junta registraban cobre por debajo del límite legal, mientras que las muestras del CSIC, en un caladero a 10 kilómetros de la desembocadura del Guadalquivir, confirmaron los controles de Salud en lonjas. Un contraste que pone en cuestión que el cobre hallado se deba a los lodos tóxicos de la mina de Aznalcóllar. Cuevas presentará hoy al presidente de la Junta, Manuel Chaves, una valoración del perjuicio creado a los pescadores de galera por la prohibición. Viera descartó ayer que el Gobierno andaluz vaya a asumir compensación económica alguna y señaló la alternativa: "El caladero está en aguas marítimas que son competencia del Ministerio de Agricultura y Pesca".