PP y nacionalistas rechazan que se reconozca el censo en el Congreso

El pleno del Congreso de los Diputados rechazó ayer las enmiendas presentadas por el grupo parlamentario socialista sobre la deuda histórica de Andalucía y el reconocimiento del actual censo de población de la comunidad, por 178 votos en contra y 153 a favor, informa Efe. Sobre el censo, la diputada del PSOE Amparo Rubiales subrayó que se está cometiendo "la mayor injusticia con una comunidad histórica", ya que para unas cosas en Andalucía se reconocen 7.200.000 habitantes -como en el caso de la financiación sanitaria, el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) o la población municipal-, mientras que para la financiación autonómica "sólo somos 6.800.000 habitantes". Esto significa, según Rubiales, que el Gobierno "se niega a reconocer a 400.000 andaluces", situación por la que dejan de llegar a Andalucía 41.000 millones de pesetas. La diputada socialista agregó: "El Gobierno dice que Andalucía pierde por no acogerse al nuevo modelo de financiación autonómica, pero no sabemos quien nos hace perder cuando no recibimos los 61.000 millones de pesetas que nos corresponden por deuda histórica y reconocimiento del censo poblacional". Respecto al rechazo de la deuda histórica -como se conoce a una norma del Estatuto de Andalucía que fija un fondo de nivelación de los servicios públicos de la comunidad, cifrado en 20.000 millones de pesetas anuales-, la diputada del PSOE dijo que supone "una injusticia". El portavoz del PP en la Comisión de Presupuestos del Congreso, Ramón Aguirre, explicó que el rechazo a estas enmiendas del PSOE no se debe a que los populares no apoyen algo en concreto sino a que rechazan el conjunto de las enmiendas presentadas por los socialistas, ya que responden a un modelo presupuestario distinto del presentado. Petición irrevocable Sobre el rechazo a estas enmiendas, el portavoz de la Junta, Rafael Camacho, advirtió que la Junta seguirá exigiendo como hasta ahora, "y con carácter irrevocable", la aplicación del padrón de 1996 en la financiación autonómica. Aseguró que en el momento en que se "le diera carta de naturaleza" a esta exigencia, la Junta estará en disposición de abrir la negociación sobre el sistema de financiación. Denunció, entre otras modificaciones de este sistema, la no aplicación del Fondo de Garantía con el que se pretendían asegurar los niveles de solidaridad entre las distintas comunidades, ni de los "topes mínimos", con ingresos equivalentes al PIB, para las comunidades que aceptaron el sistema. Se preguntó cómo se puede entender que Cataluña, con sus niveles de renta, vaya a percibir sólo unos 10.000 millones de pesetas como consecuencia de la cesión del IRPF en el periodo 1997-98-99 y que Andalucía, como asegura el PP, vaya a perder 72.000 millones. "Esos juegos malabares no se los cree nadie", dijo Camacho.