La Junta acuerda con Asaja agilizar la compra de fincas del Guadiamar

No habrá más tamborradas ni un camión de lodos tóxicos a la puerta del Palacio de San Telmo, al menos por ahora: los agricultores afectados por el vertido del pasado 25 de abril acordaron aparcar las medidas de presión. Según anunció ayer Asaja, la organización agraria que los representa, los dueños de fincas del valle del Guadiamar dieron su visto bueno el pasado viernes a un acuerdo con la Consejería de Agricultura para agilizar la compra de tierras por parte del Gobierno andaluz y revisar, con un representante de los propietarios en la mesa, los casos en los que hay discrepancia con la Junta.

El Gobierno andaluz estima en 10.000 millones de pesetas la compra de las 4.600 hectáreas anegadas por el vertido, el 73% de ellas de aprovechamiento agrario, que servirán de base al corredor verde que proyecta la Junta para unir Sierra Morena y Doñana. Una reunión entre el viceconsejero de Agricultura, Juan Paniagua, el secretario general de Asaja-Sevilla, Miguel Afán de Ribera y el alcalde de Aznalcázar -uno de los diez municipios sevillanos afec-tados-, José Jurado, sirvió, el pasado viernes, para acercar unas posiciones que, unas horas antes, parecían irreconciliables. A la protesta con tambores, el pasado martes, de un centenar de agricultores por cómo se estaba realizando la compra de fincas, le sucedieron, 48 horas después, unas declaraciones del consejero de Agricultura, Paulino Plata, en las que acusaba a Asaja de haber acordado con el PP una "estrategia planificada" para torpedear el proceso. La asamblea del viernes recondujo el conflicto a la vía de la negociación: el precio de las tierras y la documentación exigida para demostrar la titularidad de las fincas son los dos principales escollos que tendrán que sortear ahora Junta y agricultores. Primeras adquisiciones "La asamblea no fue nada fácil", admitió ayer el secretario general de Asaja-Sevilla. Algunos propietarios querían seguir con las movilizaciones, pero finalmente se impuso la tesis defendida por la asociación agraria. "Es verdad que el conflicto podía haberse solucionado mucho antes", indicó Afán de Ribera, "pero ahora se puede llegar a un acuerdo, y eso es una buena noticia". Agricultura ya formalizó, la pasada semana, la compra de las siete primeras fincas por 392 millones de pesetas, cifra que espera ampliar a 16 en los próximos días. En muchos otros casos, sin embargo, los propietarios no están de acuerdo con la valoración realizada por la Consejería, que alcanza, de promedio, un 70% del precio propuesto por los dueños de las fincas. "Queremos que se cambien los precios de secano y de arrozales", señaló Afán de Ribera como uno de los objetivos del proceso de revisión que ahora se abre. Los agricultores piden 2.100.000 pesetas por hectárea de secano frente al 1.700.000 pesetas que ofrece la Junta y quieren para las 485 hectáreas de arrozal un tratamiento similar -3.500.000 pesetas por hectárea-, a otras zonas de regadío. Asaja sostiene que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, al comprar 77 hectáreas que lindaban con el cauce del Guadiamar pagó un 20% más de lo que ahora ofrece la Junta, que niega este extremo. Las reuniones para acercar posiciones se limitarán al ámbito técnico, según fuentes de Agricultura, y en ellas se prestará especial atención a los problemas que están teniendo algunos propietarios para probar la titularidad de las tierras o su uso agrícola. "Si la pelota tiene que caerse de algún lado, que sea del de los agricultores", reclamó Afán de Ribera, quien apostó por concluir el proceso "antes de fin de año". El dirigente de Asaja apoyó la iniciativa de Plata de reclamar al Ministerio de Economía que exima a los agricultores de incluir lo percibido por esta venta en el impuesto sobre la renta. El acuerdo no incluye a todas las partes. Una veintena de propietarios -fundamentalmente grandes fincas-, mantienen su intención de no vender. El Gobierno andaluz ha incluido en el proyecto presupuestario de 1999 una norma que faculta a la Consejería de Medio Ambiente a expropiar los terrenos en estos casos. Pero los dueños de estas tierras están dispuestos a seguir en sus trece: confían en retener el derecho a cobrar las indemnizaciones que puedan resultar del proceso judicial por la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar.