Reconciliación

El estallido del caso Pinochet ha generado una cascada de efectos emergentes, entre los que destaca la exigencia de mundializar la jurisdicción penal. Pero de modo indirecto, el proceso de Londres también ha puesto en tela de juicio lo que hasta ahora parecía algo aceptado, a saber: la necesidad de conceder perdón y olvido a todos los crímenes políticos cometidos por el poder y la oposición, como conditio sine qua non para consolidar las transiciones a la democracia. Ésta fue, en suma, la clave que alumbró la salida del franquismo: una transacción que intercambiaba paz y democracia por amnesia e impunidad. Y semejante trueque sirvió después de modelo a las democratizaciones latinoamericanas, destacando el caso chileno. Sin embargo, a la luz actual del caso Pinochet, cabe cuestionar semejante pragmatismo, denunciando su radical ilegitimidad, pues el fin (la democratización) nunca justifica los medios (la impunidad del crimen político).Por eso es tan importante la transición a la democracia liderada por Mandela en la República Surafricana. A diferencia del modelo español, allí se ha querido evitar la impunidad, y por eso se condicionó la concesión de amnistía a la previa confesión de los crímenes cometidos tanto desde el poder autoritario como por parte de la oposición armada. Para eso se constituyó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, presidida por el obispo Desmond Tutu, cuyas conclusiones acaban de publicarse siendo acogidas con gran indignación tanto por el aparato del Congreso Nacional Africano (el partido de Mandela) como por los radicales blancos, lo que demuestra su imparcialidad.

Así se instaura un nuevo modelo de transición a la democracia que podemos calificar de calvinista o protestante, a diferencia del latino o católico que se aceptó en el sur de Europa y Latinoamérica. En lugar de negociar la compraventa de bulas de indulgencia, absolución e impunidad, al modo vaticanista, en Suráfrica se ha intentado aplicar la máxima evangélica de que sólo la verdad nos puede hacer libres. Y si el modelo de Mandela se consolida, significará que las transiciones a la democracia no exigen la previa impunidad de criminales ni fascistas. Antes al contrario, esto demostraría que las democratizaciones logradas a cambio de impunidad instauran democracias de baja calidad (delegativas, las llama O'Donnell), en definitiva falaces y ficticias, sólo fundadas en la ocultación y el falseamiento de la verdad.

Es probable que nuestra transición ya no se pueda reconvertir, pues quizá resulte demasiado tarde para que los franquistas confiesen la verdad (aunque los GAL todavía están a tiempo). Pero aún podemos evitar la caída en el mismo error al abordar esta segunda transición que ha de cerrar la cuestión vasca, democratizando a los abertzales. Si el modelo llega a ser la católica Irlanda, cabe temer de nuevo la pragmática compraventa de bulas de impunidad, negociada de acuerdo a un doble juego: bajo la mesa, el trueque de paz por presos (lo que incluiría respetar los intereses materiales y la trama civil de la banda), y sobre el escenario, la retórica soberanista que les evite dar la cara y les permita salvarla, eludiendo su responsabilidad.

En esto es de agradecer el buen sentido del Gobierno, que ha comenzado por anteponer el resarcimiento de las víctimas al indulto de los criminales. Aunque aquí sería preferible que la indemnización la pagase el contribuyente vasco en vez del español, dada la soberanía fiscal de que goza Euskadi; y esto también se debería negociar con Lizarra, para que paguen la frivolidad cometida jugando con leyes, vidas y haciendas sólo por defender la honrilla foralista. Pero sólo con esto no basta. Además, si quieren ser libres (y me refiero tanto a la excarcelación como a la autodeterminación), deberán confesar antes la verdad sobre su responsabilidad penal. Por eso convendría entre nosotros una Comisión de Verdad y Reconciliación, como la de Mandela y Desmond Tutu, capaz de investigar tanto a ETA, KAS y Jarrai como a los diversos GAL (incluidos sus antecesores presocialistas).