Los cinco casos de supuesta corrupción en Orihuela van de facturas de comidas a cantidades millonarias Varios juzgados investigan al ex alcalde Cartagena tras la crisis que afecta al PP local

Los juzgados de Orihuela recibieron el lunes el encargo de investigar cinco presuntos casos de corrupción que salpican al ex alcalde Luis Fernando Cartagena. De ellos, cuatro fueron denunciados por los concejales expulsados del PP y uno por el sucesor de Cartagena en la alcaldía, el popular José Manuel Medina. Los asuntos, que se han distribuido por los juzgados oriolanos por orden de la Fiscalía Anticorrupción de Madrid, abarcan desde la desaparición de decenas de millones destinados de la campaña electoral de 1995 hasta el camuflaje de cenas como dietas del ex alcalde.

El caso que apunta directamente a Cartagena es el que Medina interpuso contra el cabeza visible de los críticos, Jesús Ferrández, relacionado con la recaudación de 68 millones para la campaña electoral del PP en Orihuela en 1995. Ferrández, que actuaba como coordinador local de dicha campaña, señaló que sí recaudó dinero procedente de particulares, pero precisó, sobre esos 68 millones: "Nunca pasaron por mis manos". Según Ferrández, el partido realizó una captación de donaciones de particulares para la campaña electoral. Las aportaciones llegaron de muchos sitios y en cantidades muy diversas. Todas las recibía Cartagena, que fue sumando hasta informar a sus concejales de que la cantidad total ascendía a 68 millones. Sin embargo, Ferrández asegura que a la sede del PP de la Comunidad Valenciana sólo llegaron 7,5 millones, y de ellos, sólo tres se destinaron a la campaña en Orihuela. El juzgado debe ahora dilucidar el paradero de esos 61,5 millones. En esta misma trama incluye Ferrández otro de los casos a investigar: el destino de cerca de nueve millones que las Hermanas Carmelitas entregaron al concejal popular Mariano Ferrández en 1994, cuando cerró el Hospital que regentaban, una donación que no aparece en las cuentas municipales. El concejal asegura que entregó ese dinero a Cartagena y Jesús Ferrández opina que los millones de las monjas se hallan entre los 68 contabilizados para la campaña electoral. El tercero de los casos hace alusión a la "presunta connivencia" de Cartagena con el secretario general del Ayuntamiento, Alfonso Ramón Martínez Franco, al que se acusa de extorsionar al empresario oriolano Francisco Marco a finales de 1996. Según la denuncia, el secretario le pidió 200 millones para la tramitación de proyectos del desarrollo urbanístico de la costa oriolana a cambio de que dicho desarrollo fuera aprobado y adjudicado a su empresa, cuando el coste de los proyectos no ascendía a más de 50 millones. En una reunión en el despacho del alcalde, Francisco Marco denunció la supuesta extorsión ante Cartagena, dos abogados oriolanos, un técnico urbanístico del Ayuntamiento, un arquitecto municipal y dos concejales. Según Ferrández, el alcalde "nunca hizo nada contra el secretario". Existe un cuarto caso que nunca llegó a consumarse. Es el que hace referencia a la manipulación por parte de concejales próximos a Cartagena del pliego de condiciones para la concesión del servicio de recogida de basuras, que según Ferrández, se modeló a la medida de la empresa Colsur, propiedad de Ángel Fenoll, en la que, siempre según este concejal, trabajan cuatro de los hijos de uno de los ediles acusados. Esta concesión nunca se llegó a otorgar, y desde 1993 la recogida de basura de la costa, la limpieza de calles y playas y, desde 1996, la poda de arbolado, la desempeñan sin contrato empresas de Fenoll. Por último, la "anécdota", como la califica Ferrández. Se trata de las sisas que supuestamente realizaba Cartagena con las facturas de las cenas que mantenía con concejales de su partido. Cuando llegaba la cuenta, los concejales pagaban su parte más la proporcional del alcalde. Luego, Cartagena pasaba el recibo como dieta suya.