Exclusión, un nuevo "apartheid"

Entre tanta autocomplacencia por lo bien que va la economía, parece que no queremos ver algo tenebroso que se oculta tras los índices y las cifras macroeconómicas: la miseria que se expresa en variadas y múltiples formas. Desde la persona que ha perdido su trabajo y, en ocasiones, su hogar, hasta la mujer y el hombre obligados a prostituirse para pagar su adicción a la droga, pasando por los inmigrantes sin papeles empujados a la explotación laboral. Son millones de personas en la rica Europa de la moneda única, contenidos en la escueta definición de Cuarto Mundo. Ésta es una de las mayores contradicciones de nuestra sociedad: el progresivo crecimiento económico no sólo no se está trasladando a las capas menos favorecidas, sino que ahonda la brecha que separa a los que viven bien de los que carecen de casi todo, hasta de derechos.Sectores cada vez más amplios caen en la miseria, la marginación, la exclusión. Por lo visto, es el precio que pagamos por el crecimiento. La sociedad contempla impertérrita cómo los desagües de nuestro sistema arrastran a los más débiles, a los que sobran, a los que no encajan o no pueden defenderse. Inmunes al sufrimiento de estas personas que incluso carecen en muchos casos de voluntad o capacidad para reclamar los derechos que les corresponden, les hacemos invisibles.

Pensábamos que el desarrollo y el Estado de bienestar harían desaparecer la pobreza y la desigualdad que se expresa en la falta de acceso a los mismos bienes y derechos. No sólo no ha sido así, sino que como consecuencia del desarrollo desequilibrado han aparecido nuevos grupos marginales, que, además, están abocados a no tener derechos. Según el informe de la Fundación Foessa y de Cáritas, se calcula que más de un 20% de la población española vive por debajo del umbral de la miseria, y de éstos, cada vez un grupo mayor es considerado de pobreza extrema. La misma alcanza a nuevos grupos vulnerables y los lanza a la exclusión, bien por problemas administrativos, como los inmigrantes sin papeles, bien por la criminalización de sus actividades, como los toxicómanos o las prostitutas.

La sociedad se moviliza ejemplarmente cuando se desata una catástrofe allende nuestras fronteras. En remotos países somos capaces de proporcionar alimentos, cobijo, medicinas y confortar a miles de refugiados en pocos días y, sin embargo, no somos capaces de acabar con los barracones sin agua corriente ni saneamientos en los que malviven tantos inmigrantes en nuestro propio país. No somos capaces de mantener en unas condiciones dignas a los que atraviesan sin papeles nuestras fronteras, como sucedió en Melilla hace pocos meses, o asistimos al terrible espectáculo de la llegada de los cadáveres hinchados a las playas sin hacer nada efectivo para acabar con esa matanza.

Con esfuerzo estamos logrando que la sociedad civil vaya tomando conciencia de que el Tercer Mundo está aquí, en las calles de nuestras ciudades, en los barrios marginales y en las bolsas de pobreza e infravivienda.

No es este fenómeno exclusivo de nuestro país. Asimismo, este fenómeno se reproduce en el plano internacional, y así se puede hablar de países excluidos de los flujos de riqueza, de tecnología y educación. Países para los que la globalización no significa más, sino imposición por la fuerza de las reglas económicas que en nada les benefician.

Las diferencias Norte-Sur son cada vez mayores, abismales en algunos casos. Mientras el Norte crece, aunque el precio sea dejar al margen a un porcentaje de su población, el Sur se sume en la violencia y la pobreza. Países enteros quedan excluidos de las relaciones económicas y políticas, de los avances tecnológicos. De hecho, el único flujo que parece aumentar entre el Norte y el Sur es el de las armas.

En Europa, que parecía encaminada a la perfecta sociedad del bienestar, cada año decenas de miles de personas son expulsadas del sistema. En el año 2000, tan sólo en el Viejo Continente habrá 40 millones de excluidos.

La caída de los regímenes socialistas del este de Europa ha elevado el neoliberalismo económico a rango de dogma y sus postulados se aplican a todo. Se recortan gastos sociales y se abandona en manos de las ONG capítulos que deberían ser asumidos por los Gobiernos. Por ejemplo, casi todo lo relacionado con la acción humanitaria en nuestros propios países. Por supuesto, nuestra ética nos obliga a desarrollar estos programas, pero no los asumimos con alegría, sino elevando una protesta para que la sociedad no se olvide de esa parte de sí misma que se ha quedado al margen.

El crecimiento de los colectivos que quedan fuera está haciendo que el término Cuarto Mundo se nos esté quedando pequeño. De hecho, cada vez es más difícil establecer las barreras, por lo que en adelante vamos a hacer hincapié en este nuevo concepto: exclusión, más amplio y, a la vez, más definitorio. Creemos que la sociedad debe hacer un mayor esfuerzo. Un sector importante, especialmente los jóvenes, está recuperando los viejos, pero no envejecidos, valores de la solidaridad y el compromiso.

Para la sociedad y para nosotros es un nuevo campo humanitario. Es también un nuevo riesgo, porque en amplios sectores aún no existe una sensibilidad y una conciencia. Es, de nuevo, un dilema humanitario. La diferencia con la acción humanitaria centrada en los países del Tercer Mundo, para la que ya hace tiempo que existe conciencia, es que, en este caso, nuestra contraparte es el Gobierno.

Tenemos que hacer esfuerzos para trabajar coordinadamente con las instituciones e intentar influir en la acción política siendo combativos mediante la denuncia de las injusticias, porque nuestro objetivo es promover cambios en las normativas. La experiencia nos ha demostrado que la acción hace la política, que la acción puede cambiar la política.

Finalmente, hemos de impedir que las ONG sean la coartada para que los Gobiernos fracasen en sus responsabilidades, que son construir y mantener sistemas sociales y de salud que garanticen un acceso igualitario al llamado Estado de bienestar. La tentación de evitar dichas responsabilidades nunca ha sido mayor para aquellos Gobiernos que se enfrentan a inmensos déficit públicos. Pero la tentación es igualmente grande para que las organizaciones humanitarias encuentren en estas actividades la justificación de su propia existencia.

Creemos que, en este sentido, no sería ventajoso un traspaso de responsabilidades para ninguna de las dos partes. Tal traspaso conformaría el fracaso de los Gobiernos y crearía dudas sobre la independencia, y especialmente sobre los principios de la acción humanitaria. Por eso es evidente la necesidad de una reflexión constante ante los nuevos retos de nuestras intervenciones humanitarias, permaneciendo fieles a nuestros principios de solidaridad universal.

Se trata, por último, de conseguir que el objetivo del derecho a una vida digna, donde se incluyen los derechos antes mencionados, sea una causa común para los ciudadanos, las instituciones y las administraciones de nuestra Europa. La sociedad debe buscar fórmulas para lograr que los derechos del hombre sean una realidad. Es nuestra obligación ética luchar por una sociedad solidaria en una Europa humanitaria, no por una sociedad que tiende hacia el apartheid de los excluidos en una Europa monetaria.