El alto tribunal rechaza suspender las penas de forma mecánica

El Tribunal Constitucional ha abierto las piezas de suspensión para decidir, en el plazo de una o dos semanas, si suspende la ejecución de las penas, lo que tendría como efecto la excarcelación de los afectados por dicha medida. Frente al criterio del ministerio fiscal de que el alto tribunal nunca suspende la ejecución de penas superiores a los cinco años de prisión, el abogado de Barrionuevo sostendrá que para decidir la suspensión deben ponderarse los intereses de los recurrentes, los de la sociedad, y eventualmente, los de terceros afectados.

En el recurso de amparo presentado el pasado agosto, el defensor de Barrionuevo esgrimió un auto del Tribunal Constitucional del 24 de febrero de 1998 en el que el tribunal rechazaba la aplicación mecánica que llevaría a acordar la suspensión de todas las penas de duración inferior a cinco o seis años y la denegación de la suspensión de todas las superiores a esa supuesta barrera.

"En cuanto a la duración de las penas impuestas, por lo antes expuesto es cierto que su valoración no puede hacerse mecánicamente y atendiendo sólo a un límite máximo -que el fiscal sitúa en torno a los cinco años de prisión aunque con matizaciones en orden a la suma de condenas por concurso real- como claramente se desprende de nuestra jurisprudencia," señalaba el Constitucional.

A partir de este argumento, el defensor de Barrionuevo reiterará en sus alegaciones que el Tribunal ha venido teniendo siempre muy en cuenta las circunstancias especiales de cada caso. Así, tan pronto ha suspendido la ejecución de una condena de 11 años y siete meses de prisión en una resolución de 1995 como ha denegado la suspensión de un arresto de cinco meses.

Criterio del fiscal

En seguimiento de su propio criterio, el fiscal ante el Constitucional puede informar a favor de dejar en suspenso las penas de los ex inspectores y ex comisarios de policía que han sido sentenciados a penas de cinco años y cinco años y medio de prisión, lo que beneficiaría a José Ramón Corujo, Luis Hens, Michel Domínguez, Julio Hierro y Francisco Sáiz Oceja. El fiscal ya intentó durante el juicio -sin conseguirlo- que la Sala recomendase al Gobierno el indulto de algunos de estos agentes.Por su parte, el abogado de la acción popular, José Luis Galán,manifestó que la mayoría de los recursos no reúnen las condiciones necesarias para ser admitidos a trámite, si bien apuntó que ese paso no implica que vayan a ser aceptados.

Según este letrado, el Constitucional ha admitido a trámite todos los recursos "presionado por la trascendencia del asunto y porque no ha querido hacer distinciones entre los distintos procesados y ha optado por un criterio más amplio de lo normal, porque muchos de ellos son rechazables de plano".