La fiscalía mantiene que Pinochet no era jefe de Estado cuando perpetró los crímenes

El abogado Alun Jones, que representa a la Fiscalía de la Corona y al juez Baltasar Garzón, completará hoy ante el tribunal de la Cámara de los Lores su alegato contra la inmunidad del general y senador Augusto Pinochet, concedida por tres jueces en una sentencia del pasado 28 de octubre. Fuentes próximas a la fiscalía señalaron que Jones insistirá en que el general no asumió el carácter de jefe de Estado, equivalente al cargo de presidente de la República, hasta 1974, por lo que tampoco cabría aplicarle la inmunidad, ya que al menos durante un periodo de nueve meses no actuó en ejercicio de sus funciones públicas. Asimismo, desarrollará la acusación por genocidio.

ENVIADO ESPECIAL

Jones, a la luz de la sentencia dictada el pasado 28 de octubre a iniciativa de lord Bingham, con el apoyo de los jueces Collins y Richards, insistirá en la parte final de sus alegaciones en dos hechos que constituyen, según fuentes judiciales, flancos débiles de la resolución apelada. La primera es el delito de genocidio que se imputa a Pinochet, un hecho que no estaba contenido en la primera orden de detención librada por el juez de instrucción de Londres, Nicholas Evans, el 16 de octubre pasado, ni en la segunda, que cursó el 22 de octubre otro juez de instrucción, Ronald Bartle. Según la sentencia recurrida, "la idea central del mandamiento judicial de detención de Pinochet deja claro que no es acusado de torturar o asesinar personalmente a las víctimas ni de hacerlas desaparecer, sino de usar el poder del Estado del que era jefe para tal fin".La sentencia se apoya en el segundo mandamiento de detención librado por el juez de Londres, que decía: "Augusto Pinochet, a la sazón comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y jefe del Gobierno de Chile, desarrolló actividades delictivas en coordinación con las autoridades militares argentinas". Durante la vista en la High Court, James Turner, abogado en representación del secretario de Estado (es decir, el equivalente del abogado del Estado en España), hizo una referencia genérica al hecho de que Pinochet no era jefe de Estado durante los nueve meses que siguieron al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

Uno de los tres magistrados que votaron a favor de la inmunidad, el juez Collins, explicó su apoyo así: "La totalidad del caso depende, tal y como yo lo veo, de que se establezca que Pinochet actuase, en el momento que nos ocupa, como jefe de Gobierno, por lo que se deduciría que dirigía el régimen perverso que se está atacando. Los cargos cubren un periodo en el que las pruebas ciertamente señalan que en efecto era jefe de Estado". Collins explicó cómo se habían valorado las pruebas: "Todo lo que tenemos como pruebas presentadas ante nosotros es un certificado del actual embajador de la República de Chile y dos declaraciones juradas de sendas personas que prestaron servicio como embajadores y ministros de Asuntos Exteriores. Contra dichas pruebas se ha hecho referencia a vagas sugerencias en las alegaciones esquemáticas del señor Turner en el sentido de que algunos actos públicos sugieren que Pinochet, aunque ostentara el poder ejecutivo, no había sido jefe de Estado. Estos argumentos parecen carecer de toda sustancia y en modo alguno apoyan ninguna afirmación de que no fuera jefe de Estado en la época en que se produjeron los hechos. Este procedimiento trata únicamente sobre la inmunidad concedida a un jefe de Estado. Se trata de una inmunidad que se le atribuye en virtud de su cargo y que es absoluta mientras ostenta la jefatura de Estado".

Nueve meses sin cobertura

El auto de extradición del juez Garzón, por otra parte, establece las fechas de la autolegalización de Pinochet. Un periodo de nueve meses, en los que se cometieron algunos de los presuntos delitos de genocidio, no está cubierto por el cargo de jefe de Estado.El segundo punto central es el genocidio. La sentencia apelada defiende dos cosas: primera, que el Reino Unido, al adherirse a la Convención de 1948 para reprimir el genocidio, no incorporó a su propia ley el artículo cuarto, según el cual "las personas que hayan cometido genocidio o cualquiera de los otros actos enumerados serán castigadas, ya se trate de gobernantes, funcionarios o particulares". Jones, según fuentes judiciales, tratará hoy de apoyarse en la evolución del derecho penal internacional sobre los temas de genocidio, a fin de responder a lo que el presidente del tribunal, lord Gordon Slynn, ha planteado como el asunto central: "Saber si el derecho internacional ha evolucionado hasta el punto de convertir en legal el arresto del general Pinochet".