Un proyecto sin definir
La implantación de las regiones autónomas está reconocida en la Constitución portuguesa de 1976, que ya creó las comunidades de Madeira y Azores, y fue configurada posteriormente a través de la Ley de las Regiones aprobada por unanimidad en 1991 bajo el mandato del Gobierno conservador de Aníbal Cavaco Silva. Sin embargo, el proyecto adolecía de una clara definición de las competencias y atribuciones de esas comunidades que deberían ser desarrolladas, tras la aprobación popular.
El modelo aprobado en 1991 y sometido ayer a referéndum preveía la creación de ocho regiones administrativas, sin poder legislativo, que contarían cada una con dos órganos directivos: la asamblea y la junta regionales. Las asambleas estarían compuestas por 50 miembros sin salario fijo. Estos órganos elegirían a las juntas regionales formadas por cinco dirigentes, a excepción de las comunidades de Lisboa y Oporto que tendrían siete. En total serían creados 44 nuevos puestos políticos. El secretario de Estado, António José Seguro, explicaba que este modelo lograría "una eficaz descentralización del poder". Por su parte, la oposición conservadora que apoyó la creación de las regiones en 1991 sostiene ahora que Portugal puede desarrollar la descentralización del Estado sin dividir el país en comunidades administrativas.
