España obrará con "prudencia y delicadeza" y rechaza que la decisión sobre Pinochet sea "política"

El Gobierno español reaccionó ayer con prudencia ante la decisión del Ejecutivo chileno de llamar a consultas a su embajador en Madrid como gesto de malestar por la decisión de tramitar la petición de extradición contra el ex general Augusto Pinochet. El ministro de Exteriores, Abel Matutes, en una larga conversación telefónica con su homólogo chileno, José Miguel Insulza, reiteró la posición del Ejecutivo de que la decisión de solicitar la extradición de Pinochet no es "de carácter político", ya que el ordenamiento jurídico español no deja otra alternativa al Gobierno.

"El Gobierno español espera un pronto retorno a la normalidad, y de nuevo manifiesta el deseo de seguir obrando con la mayor prudencia y delicadeza, para preservar las excelentes relaciones que España mantiene y espera seguir manteniendo con la República de Chile, al margen por lo tanto de decisiones y de iniciativas que están más allá del ámbito de su competencia, dentro de las normas de un Estado de Derecho" afirmó el Gobierno en una nota difundida por la Oficina de Información Diplomática. "La decisión tomada por el Consejo de Ministros esta mañana no constituye, por lo tanto, una decisión de carácter político sino que obedece al estricto cumplimiento de la ley" afirma, también la nota.Matutes, en su conversación con Insulza, pidió también que se extremen las medidas de protección en torno a la embajada española en Santiago.

La decisión del Gobierno chileno de llamar a consultas a su embajador en Madrid es el primer escalón de las protestas diplomáticas. La retirada de embajador, que se oficializa por medio de una nota verbal, o la ruptura de relaciones diplomáticas son los siguientes escalones de las crisis internacionales.

Tras el Consejo de Ministros tanto el ministro de Exteriores como el portavoz del Gobierno, Josep Piqué, se atuvieron a la línea marcada por el presidente del Gobierno, José María Aznar, que se ha negado a hacer la menor reflexión política sobre un caso que ha sacudido la conciencia jurídica y política de medio mundo.

El Gobierno ha pedido reiteradamente respeto y apoyo al proceso de transición que se vive en Chile y ha expresado su temor de que el caso Pinochet cree divisiones en la sociedad chilena que deben ser superadas.

Chile se ha convertido en los últimos años en uno de los destinos preferentes de las inversiones españoles en Latinoamérica, y Aznar mantiene unas relaciones privilegiadas con el presidente de aquel país, Eduardo Frei, cuyo modelo liberal democristiano es muy próximo al Partido Popular.

Según la explicación facilitada por Matutes, la solicitud de extradición que ahora debe cursar el Ministerio de Exteriores no llegará a Londres antes del martes. En el caso de que se produjera el menor retraso, la solicitud española podría llegar después de una eventual puesta en libertad de Pinochet.

El Ejecutivo ha tramitado con celeridad la solicitud de extradición ya que debía cursar la solicitud dentro del plazo de cuarenta días que comenzó a contar el día del arresto de Pinochet. La petición de extradición de Pinochet, a la que se han opuesto los fiscales que representan al ministerio público, es el resultado de una prolija investigación que durante más de dos años han realizado en la Audiencia Nacional los magistrados Manuel García Castellón y Baltasar Garzón sobre la muerte y desaparición de ciudadanos españoles en Chile y Argentinas durante las dictaduras militares que padecieron ambos países.

Curiosamente, la primera investigación fue puesta en marcha a petición de la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Ayer el portavoz del UPF, Carlos Castresana, pedía al Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, nombrado en ese cargo por el Gobierno del PP, que acate la resolución judicial que declara a España competente para juzgar los crímenes cometidos durante las dictaduras militares en Chile y Argentina. Tanto Fungairiño, como el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, así como otros fiscales de la Audiencia nacional han mantenido una actitud hostil a la investigación de los crímenes cometidos por las dictaduras militares. Sin embargo no han presentado recurso contra la decisión de tramitar la extradición.

Curiosamente, Pinochet vio ayer unido su nombre al de la etarra Idoia Martínez García en las peticiones de extradición cursadas por el Consejo de Ministros.

La posibilidad de que el prededente que crea el procesamiento del ex dictador chileno pueda ser aplicado a otros casos, como el que plantea la demanda contra Fidel Castro, fue descartada por Abel Matutes. El ministro recordó que además de la querella contra el presidente cubano se han apuntado otras contra el rey de Marruecos, Hassan II, o el presidente de Bolivia, general Hugo Banzer. Los Jefes de Estado en activo gozan de inmunidad jurisdiccional y en ningún caso pueden ser procesados" afirmó rotundo el ministro que siempre se ha opuesto a convertir a la Audiencia Nacional en un tribunal internacional contra el genocidio en el mundo.