El fiscal archiva las acusaciones de corrupción contra Marqués al no hallar indicios de delito

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias no ha hallado indicios de delito alguno por parte del Ejecutivo del Principado, presidido por Sergio Marqués, en la contratación de obras públicas financiadas con cargo a los llamados fondos mineros. Por consiguiente, ha decretado el archivo de las diligencias, incoadas de oficio tras las graves imputaciones de corrupción formuladas contra él en octubre pasado por varios diputados del PP afines al secretario general y vicepresidente primero del Gobierno central, Francisco Álvarez Cascos.

Según el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Rafael Valero Oltra, el ministerio público decidió abrir diligencias ante la "incongruente" actitud de los diputados del PP. Éstos, habiendo acusado al presidente del Ejecutivo, Sergio Marqués, y a su consejero de Fomento, Juan José Tielve, de graves delitos en la contratación de obras públicas con cargo a los fondos mineros y habiendo asegurado que disponían de pruebas, depositadas ante un notario, no cursaron denuncia alguna ante los tribunales. A su vez, Marqués confirmó ayer que, tras el pronunciamiento de la Fiscalía, que lo exonera de tales imputaciones, se querellará por calumnia y difamación contra el diputado regional Manuel García Santoveña y la diputada nacional Alicia Castro Masaveu, ambos del PP.El archivo de las diligencias fue decidido por unanimidad de la junta de fiscales tras una deliberación en la que participaron la práctica totalidad de sus 32 integrantes, quienes examinaron tanto la documentación aportada por García Santoveña, tras ser llamado a declarar el 16 de octubre, como el testimonio de los testigos cuya comparecencia se reclamó en días posteriores. Según la Fiscalía, no se hallaron "indicios racionales de la comisión de infracción penal alguna", informaron en una comparecencia pública Valero y el teniente fiscal, Jesús Bernal.

Actuación de oficio

La Fiscalía afirma que decidió actuar por propia iniciativa ante "la rotundidad" de las acusaciones de García Santoveña, en las que sugirió la comisión por el Gobierno asturiano de "delitos de prevaricación, fraude funcionarial, cohecho, tráfico de influencias o uso de información privilegiada". Valero recordó que el diputado popular había asegurado que el Ejecutivo de Marqués había incurrido "en el mayor caso de corrupción habido en España en la contratación de obra pública". Dada "la expresa afirmación de la posesión de pruebas" por parte de Santoveña y "ante la explícita exclusión, no obstante, de su denuncia en los tribunales", la Fiscalía decidió actuar de oficio porque, si no, "habría faltado a su deber", advirtieron Valero y Bernal.El archivo ahora de tales diligencias, apenas 20 días después de que García Santoveña prestase declaración ante el fiscal, deja una vez más en evidencia la fallida actuación que viene desarrollando el PP asturiano desde hace nueve meses en su hasta ahora estéril empeño por desalojar a Marqués de la presidencia del Principado. Todas las estrategias -diseñadas desde Madrid por el secretario general del partido y vicepresidente primero del Gobierno central, Francisco Álvarez Cascos- se han traducido en reiterados fracasos.

El diputado regional Víctor Rivera, afín a Marqués y que el pasado día 29 se dio de baja en el PP para pasarse al Grupo Mixto en el Parlamento de la comunidad, exigió la dimisión inmediata de los autores de las acusaciones.

Mientras tanto, el propio Marqués confirmó que, una vez conocido el pronunciamiento de la Fiscalía, interpondrá una querella por calumnia y difamación contra García Santoveña, para cuyo procesamiento deberá solicitar al TSJA su desaforamiento, y contra la diputada nacional Alicia Castro Masaveu, también aforada, en cuyo caso deberá dirigir un suplicatorio al Tribunal Supremo por su condición de miembro del Congreso de los Diputados.

El pasado 14 de octubre, Castro publicó un artículo en el que acusó al Principado de aplicar "un procedimiento manifiestamente irregular y corrupto" en la contratación de obras públicas, así como de "ilegalidad, tráfico de influencias y corrupción".

Personas físicas

La Fiscalía también decidió ayer archivar la denuncia realizada por el Gobierno del Principado ante el ministerio público de tales acusaciones por considerar que las imputaciones se hicieron a personas físicas -Marqués y Tielve- y no contra el Consejo de Gobierno, en cuyo caso serían perseguibles de oficio. Según la Fiscalía, la "posible persecución" de tales acusaciones "requeriría inexcusablemente la formulación, por los propios afectados, de querella o denuncia ante el juzgado o tribunal competente para su enjuiciamiento".Valero explicó que el archivo de las actuaciones, por inexistencia del delitos penales, no prejuzga, al no ser de su competencia, que en la actuación del Principado pudieran haber existido hipotéticas irregularidades o anomalías de carácter administrativo, en cuyo caso deberían ser "dilucidadas por la vía administrativa".

Por otro lado, informa Efe, Rivera y sus compañeros José María Yáñez y Francisco Monte, que se pasaron junto a él al Grupo Mixto, impugnaron ayer el acuerdo de la Mesa de la Junta General para redistribuir la representación en las comisiones parlamentarias, ya que consideran que lesiona sus intereses. Además, han solicitado un informe a los letrados de la Cámara para que les aclare si tienen derecho a un miembro más en ellas.

La Mesa decidió esta semana que las comisiones las formasen 18 parlamentarios, dos más que antes: siete del PP, otros siete del PSOE -uno más-, dos de IU y otros dos el Grupo Mixto -también uno más-.