Garzón impugna la inmunidad de Pinochet como ex jefe de Estado y pide su extradición a España

El juez Baltasar Garzón propuso ayer al Gobierno que solicite a las autoridades británicas la extradición del ex dictador chileno Augusto Pinochet por delitos de genocidio, terrorismo y torturas. En la propuesta, elevada a la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, a través del presidente de la Audiencia Nacional, se impugna la inmunidad soberana que los británicos provisionalmente han concedido a Pinochet y se señala que los propios ingleses en ocasiones anteriores han denegado esa prerrogativa, como en los casos de la reina María Estuardo, en el siglo XVI, o el del kaiser Guillermo II de Honhenzollern, y el del almirante Karl Dönitz, jefe del Estado alemán tras la muerte de Hitler, en este siglo.

El magistrado destaca, en el auto dictado ayer, que Pinochet "encabezó el 11 de septiembre de 1973, un golpe militar que dio como resultado el derrocamiento y muerte del presidente constitucional de Chile, Salvador Allende, y el inicio de una feroz represión" que se extendió hasta 1990.Pinochet, agrega el auto, "desde su posición de mando, pero en una actividad ajena a la función pública como presidente de la Junta de Gobierno, creó y lideró en el interior de su país, en coordinación con otros responsables militares y civiles en Chile y en el exterior, de acuerdo con Argentina y otros Estados del Cono Sur Americano, una organización delictiva internacional cuya única finalidad era conspirar, desarrollar y ejecutar un plan criminal sistemático de detenciones ilegales, secuestros, torturas seguidas de la muerte de la persona, desplazamientos forzosos de miles de personas y desaparición selectiva de un mínimo de 3.178 con la finalidad de alcanzar una serie de objetivos político-económicos que reafirmen las bases de la conspiración y consigan instaurar el terror de la población".

Grupo nacional y étnico

El auto describe las atrocidades cometidas tanto en Chile como en otros países, incluido Estados Unidos y Europa, que fueron ordenadas por Pinochet y relaciona en 300 páginas los secuestros, asesinatos, torturas y desapariciones de unas 3.000 personas, especificando las causas por las que fueron perseguidos, entre las que destacan los opositores políticos, grupos étnicos o religiosos.En los fundamentos jurídicos del auto, en el que se propone al Gobierno que solicite la extradición, Garzón señala que Pinochet actuó "de acuerdo con el plan previamente diseñado de eliminación selectiva y sistemática de opositores políticos, segmentos o sectores concretos del grupo nacional chileno, grupos étnicos o religiosos, con el fin de eliminar cualquier discrepancia ideológica y purificar el sistema de vida chileno atacando a aquellos que difundían posturas políticas socialistas o comunistas (marxistas) como también a los simplemente discrepantes".

El magistrado afirma que Pinochet "no goza de inmunidad de tipo alguno", y recuerda que el hecho de que sea senador vitalicio en Chile no supone que tenga inmunidad en España, puesto que para ello, tendría que ser senador español en activo y por elección popular, puesto que la legislación española no acepta la figura del senador "vitalicio", por cuanto que distorsiona el propio sistema constitucional y legal de elección.

Critica al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño por equiparar la orden de detención internacional y la extradición de Pinochet a "un atentado contra la libertad del señor Pinochet" y puntualiza que el ex dictador no estaba realizando en Londres misión diplomática u otra misión especial alguna.

Garzón arremete contra el principio de inmunidad soberana, que provisionalmente han concedido los tribunales británicos al ex general Pinochet en su condición de antiguo jefe de Estado. Tras hacer historia de ese privilegio, que data del siglo XV, detalla los casos en los que los propios británicos lo han cuestionado. Y así, recuerda la decapitación de la reina de Escocia María Estuardo, que invocó esa prerrogativa y fue denegada por la Cámara de los Lores; el intento de juzgar al kaiser Guillermo II, tras la IGuerra Mundial, y la entrega al Tribunal de Nuremberg, en 1945, del jefe del Estado alemán, el almirante Karl Dönitz, quien ocupó el puesto tras la muerte de Hitler.

Garzón insiste en que "la institución de la inmunidad soberana no puede proteger a quien se le imputa delito de genocidio, ya que aquella no puede ir en contra de la Convención sobre Genocidio de 1948, ya que ésta obliga al Reino Unido".

Además, argumenta que Pinochet se convirtió en jefe de Estado al derrocar por la fuerza a un Gobierno democrático; se le imputan crímenes contemplados en el derecho internacional, que también violaron la legislación chilena, aunque posteriormente fueron amnistiados en Chile. La imnunidad soberana es un asunto de cortesía y puede no aplicarse expresa o implícitamente.

Garzón se anticipa a las preocupaciones británicas y señala que no es una respuesta adecuada argumentar que si se concediera la extradición de Pinochet "sometería a todos los ex jefes de Estado, incluyendo a la Reina, a la jurisdicción penal fuera de sus propios países", y que éstos podrían verse sujetos a acusaciones fabricadas o a imputaciones falsas.

Inmunidad y crímenes

Pero el magistrado señala: "La idea de que el querellado Pinochet pueda disfrutar de inmunidad de jefe de Estado en el Reino Unido para prevenir que la negación de dicha inmunidad pudiera sentar precedentes que luego serían utilizados de manera tramposa en otras partes, es difícil de aceptar a la luz del obviamente mayor interés que tiene Gran Bretaña en combatir los crímenes contra la humanidad".El auto rechaza también que el caso que Garzón instruye sea considerado "cosa juzgada". A Pinochet se le persigue por genocidio, terrorismo y torturas, delitos por los que nunca ha sido juzgado en ningún país.

Los últimos folios del auto están dedicados a las figuras del genocidio, del terrorismo y de las torturas y a su enjuiciamiento universal. Garzón considera llamativo que los hechos que se investigan no hubieran sido considerados como genocidio hasta ahora en ningún juzgado y que sin embargo, la ONU, "consciente de lo que estaba sucediendo, recibió y acogió a todos aquellos que conseguían huir como víctimas de un verdadero genocidio".